De manera sorpresiva se incorporó en el proyecto una referencia al traspaso de los juzgados nacionales laborales a la Ciudad de Buenos Aires, que se interpreta como una señal contra ese fuero considerado “hostil” para las empresas
El Presidente Javier Milei firmó en las últimas horas el proyecto de modernización laboral que irá al Congreso con un sorpresivo agregado de último momento que causará un fuerte impacto político: el artículo 91, que no figuraba hasta ahora, determina que la Justicia Nacional del Trabajo «mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA».
La decisión se convirtió en una señal de que el Gobierno está dispuesto a acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan hoy a nivel nacional y que desde el oficialismo, sectores de la oposición y el empresariado son vistos como «hostiles» y «cercanos al kirchnerismo».
Para este artículo que incorporó el Gobierno tuvo en cuenta la invalidez constitucional del DNU 70 a partir de un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado que habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.
En el gobierno porteño, de todas formas, ya están preparados para el traspaso: desde principios de año funciona una comisión de transferencias de competencias judiciales, integrada por Nación y Ciudad, donde se escuchan a todos los actores involucrados (tanto de la justicia ordinaria nacional y de CABA como de diversas asociaciones) con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales.
Acerca del autor
