Un devastador informe global de la UNESCO y el International Center for Journalists (ICFJ) ha destapado una crisis sistémica: más de dos tercios (73%) de las mujeres periodistas en todo el mundo han experimentado violencia digital en el ejercicio de su labor profesional. La situación no se limita al ámbito digital, sino que escala a ataques físicos, generando un «efecto amedrentador y de silenciamiento» que socava la calidad democrática global.
La Censura del Siglo XXI: El 73% Atacadas, Menos del 30% Denuncia
La investigación, que encuestó a 714 periodistas de 125 países, revela que la violencia de género contra las profesionales de la información es una táctica coordinada para silenciar voces críticas. Los agresores van desde «turbas misóginas» hasta «redes de desinformación vinculadas al Estado», que buscan activamente «enfriar el periodismo crítico».
Lo más alarmante es la cultura del miedo que impera: a pesar de que el 75% de las encuestadas conoce casos de violencia, solo el 28% de las víctimas se atreve a denunciar los hechos, principalmente por temor a represalias. Esta falta de denuncia efectiva se traduce en un aumento de la autocensura, con casi un tercio (30%) de las periodistas admitiendo que limitan su actividad en redes sociales tras sufrir agresiones.
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Impacto Devastador: Del Ciberacoso a las Amenazas de Muerte
Los ataques no son incidentes aislados; el 63% de las periodistas argentinas, por ejemplo, ha sufrido violencia en redes sociales, con la intención clara de «dejarlas afuera de la conversación pública» cuando cubren temas de derechos y género. La violencia digital se utiliza como antesala o complemento de la violencia física, incluyendo amenazas de muerte y agresiones sexuales en línea.
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Organizaciones como Amnistía Internacional Argentina han presentado informes como «Muteadas» que recogen experiencias de los últimos años, analizando cómo estas agresiones impactan la salud mental, la vida personal y el ejercicio profesional de las afectadas.
Las entidades internacionales urgen a los gobiernos y plataformas digitales a tomar medidas concretas, estableciendo marcos regulatorios y políticas públicas que garanticen un entorno seguro y libre de violencia, para que el periodismo, esencial para la democracia, pueda ejercerse sin miedo.
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