A poco más de un mes desde el inicio oficial de las campañas electorales para el que será el proceso democrático más grande e importante en la historia de México, en donde más de 19 mil cargos en toda la república serán sometidos a votación, la violencia amenaza a los aspirantes a la contienda. El pasado 1 de abril se confirmó el asesinato de la candidata oficialista a la alcaldía de uno de los municipios más peligrosos del país, y horas más tarde, se anunció la desaparición de otro aspirante a regidor local en la misma demarcación territorial. El Gobierno federal ha admitido la crisis de violencia, aunque señala a los mandos estatales por no proteger a sus candidatos locales.
México, en medio de uno de los procesos electorales más violentos de su historia. En su conferencia mañanera del 2 de febrero, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, extendió sus condolencias a la familia de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, asesinada a plena luz del día el pasado 1 de abril, calificando el suceso de ser «un día triste» para el país azteca.
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«Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán. Y estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchando para hacer valer la democracia, está en la calle dando la cara, luchando por otros», exclamó el mandatario, que prometió acelerar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del magnicidio.
Gaytán, parte de partido Morena, fue asesinada a tiros durante un acto de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan, al noreste de Celaya, por sujetos aún no identificados pero posiblemente relacionados al crimen organizado en Guanajuato, que ha sido azotado por la violencia desde él inició del sexenio, figurando en la lista de entidades federativas con más asesinatos en toda la república.
Durante el ataque a Gaytán, las autoridades reportaron al menos tres heridos más, entre los que estaba el candidato a regidor de Celaya, Adrián Guerrero, que un día después, en la mañana del 2 de abril, era dado por muerto por Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSCP), que horas después rectifico la versión oficial, revelando que Guerrero está «en calidad de no localizado», más no fallecido, como se había reportado antes. El paradero actual de Guerrero sigue siendo desconocido.
En la misma mañanera donde López Obrador lamentó el asesinato de la candidata a alcaldesa de Celaya, la titular de la SSCP, Rosa Icela Rodríguez, reconoció la grave crisis de seguridad que experimentan aquellos aspirantes a ser elegidos por más de 95 millones de mexicanos el próximo 2 de junio, confirmando la muerte de 15 aspirantes a cargos populares desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó oficialmente el camino a las elecciones más importantes en la historia del país.
Rodríguez detalló que dos de las víctimas ya habían oficializado su candidatura, cinco eran precandidatos, mientras que ocho eran meramente aspirantes, ósea que solamente habían expresado públicamente su intención por contender en las próximas elecciones.
Además, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguró que el organismo ha recibido más de un centenar de peticiones de protección por parte de candidatos políticos que se sienten amenazados dentro del proceso actual.
“Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo», reveló Rodríguez, que recordó el dispositivo de seguridad, en donde participa la Guardia Nacional y el Ejército, implementado para asegurar el bienestar de los candidatos, aunque únicamente de los tres presidenciables.
Sin embargo, los cálculos oficiales contrastan con el conteo que llevan organismos independientes al poder. Organizaciones de la sociedad civil, como Laboratorio Electoral, han registrado al menos 50 asesinatos relacionados con las elecciones del próximo mes de junio, superando al pico histórico de 48 homicidios registrados en 2018.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina el 11 de marzo de 2024, en la Ciudad de México. © EFE / José Méndez
Dentro de su ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024’, Laboratorio Electoral recopiló 50 asesinatos de personas con alguna relación a la política durante el presente proceso electoral. 26 de ellos eran aspirantes, no todos candidatos, a cargos públicos, y el resto entraban dentro de la categoría de familiares, activistas o funcionarios públicos.
«El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150 %, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local», señaló el informe, clasificando a los Estados de Veracruz, Guerrero y Michoacán como los más peligrosos para ser candidato político en la actualidad.
El lamentable suceso que terminó con la vida de Gaytán y mantiene desaparecido a Guerrero es el último capítulo del historial violento que ha marcado la presente temporada de campañas electorales en México, que se ve envuelto en una crisis de seguridad histórica en la que nadie parece tener la responsabilidad.
Señalamientos y responsabilidades cruzadas
Desde el Palacio Nacional, AMLO fue claro en delegar responsabilidades sobre el asesinato de Gaytán, señalando al gobierno estatal de Guanajuato, encabezado por el opositor Diego Sinhue, de ser negligente ante la compleja situación de seguridad que existe en su demarcación.
“El gobernador gobierna, pero no manda”, afirmó el mandatario mexicano, explicando que detrás de la administración de Sinhue existen intereses alternativos, que fueron los que finalmente provocaron el fallo del mecanismo institucional que fue pactado por los tres niveles de Gobierno en México para proteger a los candidatos durante el periodo de campañas.
Sobre este mecanismo, firmado en febrero y mediado por el Instituto Nacional Electoral, Rodríguez recordó que los institutos electorales estatales se comprometieron a recibir las solicitudes de protección de los candidatos locales, para luego hacérselas llegar a las autoridades estatales y municipales, que son las que finalmente deciden si otorgar, o no, resguardo y vigilancia a los aspirantes políticos.
De hecho, Rodríguez reveló que Morena había pedido que Gaytán fuera objeto de protección por dicho mecanismo, sin embargo, el instituto electoral local decidió no otorgársela, argumentando que el período de campañas no había comenzado oficialmente al momento de la petición. La temporada electoral en Guanajuato inició el 31 de marzo, y para el 1 de abril, Gaytán fue asesinada sin contar con la protección del mecanismo.
IMAGEN DE ARCHIVO / La candidata presidencial Claudia Sheinbaum habla durante su mitin de apertura de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, el viernes 1 de marzo de 2024. © AP / Marco Ugarte
Sobre ello, la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, pidió que las investigaciones sobre el asesinato de Gaytán se enfocarán en el por qué de la «negativa a brindar seguridad a los aspirantes a puestos de elección popular en la entidad».
«Sí vale mucho la pena que se investigue este procedimiento, o sea, cómo fue que actuó el instituto electoral local en este caso», manifestó Sheinbaum durante un acto de campaña este 2 de abril.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata del frente derechista Va por México, también manifestó sus condolencias por la muerte de Gaytán, pidiendo que «se investigue inmediatamente y se ponga ante la justicia a los responsables» durante un mitin de campaña. Gálvez también aclaró que ella si ha recibido protección adecuada por parte del mecanismo instaurado el pasado mes de febrero.
Con AP, EFE y medios locales
Fuente: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240403-m%C3%A9xico-el-asesinato-de-una-candidata-local-exacerba-la-crisis-de-seguridad-dentro-del-proceso-electoral
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