El Congreso peruano aprobó el jueves 4 de julio un proyecto de ley que permite prescribir crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 y que puede beneficiar al expresidente Alberto Fujimori y a unos 600 militares procesados. El Parlamento dio su aval pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habìa pedido al Estado peruano que la dejara sin efecto.
La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este jueves 4 de julio, en segunda votación, la ley que limita la aplicación de la justicia en los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La propuesta inicial fue aprobada el pasado 7 de junio por el pleno del Congreso con 60 votos a favor, pero requería de esta segunda votación para ser ratificada.
La iniciativa, que pasará a sanción presidencial, busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o «guerra contra el terrorismo» -según las autoridades- que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
La Comisión Permanente del Congreso, que reemplaza al pleno cuando hay receso parlamentario, respaldó la propuesta con 15 votos a favor y 12 en contra, en la sesión transmitida por el canal de televisión del legislativo.
«Ha sido aprobado en segunda votación el texto» del proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad, dijo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tras la votación.
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Impulsada por la mayoría derechista que controla el parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, anunció la fiscalía.
El Legislativo peruano había aprobado el proyecto en una primera votación el 6 de junio.
La presidenta peruana, la conservadora Dina Boluarte, tiene un plazo de hasta 10 días para promulgar o devolver al Congreso el proyecto de ley.
Esta semana la Corte Interamericana pidió a las autoridades abstenerse de promulgar el «proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú».
El miércoles el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, rechazó el pronunciamiento de la corte, que a su juicio busca «impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales».
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