Las graves inundaciones que afectan a Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, podrían haberse evitado o aminorado su impacto, si el Gobierno local no hubiese ignorado un informe de la Asamblea Legislativa regional, según las denuncias de un diputado. Hasta el momento, las inundaciones han dejado más de 100 muertos y 128 desaparecidos, además de afectar a unas 80 comunidades indígenas.
Esta fotografía publicada por la Secretaría de Cultura del Estado de Rio Grande do Sul (SEDAC) muestra una vista aérea del Museo de Arte de Rio Grande do Sul, inundado en el centro de la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, en mayo. 4 de octubre de 2024. AFP – HANDOUT
No fue por falta de aviso. El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, fue alertado en más de una ocasión sobre la posibilidad de un desastre ambiental sin precedentes en esa región del sur de Brasil, pero no tomó medidas.
Es lo que ha denunciado el diputado local Adão Pretto Filho, del Partido de los Trabajadores (PT). En su opinión, las severas inundaciones que afectan a Río Grande do Sul podrían haberse evitado o haber tenido un impacto menor, si el Gobierno local no hubiese ignorado un informe elaborado por la Comisión de Representación Externa de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul.
Finalizado en agosto de 2023, este documento presentaba distintas propuestas para combatir los efectos del cambio climático en varios municipios del estado.
“En este informe indicamos varias iniciativas que debería tomar el Gobierno del estado. Una de ellas era aumentar la inversión en el ámbito de la prevención y de la protección civil. También pedimos que hubiese una legislación más estricta en el tema de preservación ambiental”, señala Pretto Filho, coordinador de este estudio.
La ciudad de Canoas se inunda tras las fuertes lluvias en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el miércoles 8 de mayo de 2024. Carlos Macedo / AP Photo AP – Carlos Macedo
Hasta la fecha, al menos 100 personas han fallecido en las peores inundaciones de la historia de esta región y 128 siguen desaparecidas. Además, hay cerca de 370 heridos y 1,5 millones de damnificados.
Estas inundaciones sin precedentes son el resultado de las lluvias intensas y concentradas de la semana pasada, cuando en tan solo cuatro días cayó la cantidad esperada para toda la temporada.
Cabe destacar que, en menos de un año, este estado del sur de Brasil ya ha sufrido cuatro desastres climáticos. Solo en 2023, los temporales de junio, septiembre y noviembre dejaron 80 muertos.
“El estado ha sufrido severas sequías y también ciclones extratropicales. Pero, en mi opinión, el Gobierno estatal ha sido un poco irresponsable con relación a la partida presupuestaria para la prevención, para prevenir desastres. Y la población está pagando una cuenta enorme, incluso, lamentablemente, con vidas”, subraya Pretto Filho.
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Falta de inversión y medidas de prevención
Una investigación llevada a cabo en la prensa brasileña revela que en todo 2023 el Ayuntamiento de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, no hizo ninguna inversión en la prevención de las inundaciones, pese a que el departamento responsable de esa área cuenta con un presupuesto de 84,5 millones de dólares, según datos del Portal de Transparencia.
Además, el personal del Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillado trabaja en condiciones precarias tras perder a la mitad de sus empleados, pasando de los 2.049 de 2023 a los 1.072 actuales. La misma investigación, publicada por UOL, señala que, a pesar de esta dramática reducción de personal, el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, se habría negado a contratar a 443 empleados.
El secretario de Comunicaciones de esta ciudad, Luiz Otávio Prates, rebatió esta información afirmando que los fondos públicos se invirtieron en otras áreas que también impactan en la prevención de inundaciones. Prates asegura que se hizo un inventario de gases de efecto invernadero; fueron mapeadas las áreas de riesgo; se gastaron 39,4 millones de dólares en drenaje; fueron compradas embarcaciones y contratadas 35 personas para la Protección Civil.
Pero la realidad es que el sistema de contención de agua en Porto Alegre no pudo soportar el nivel de agua del río Guaíba, superior a cinco metros.
La capital de Río Grande do Sul cuenta desde la década de 1960 con 68 kilómetros de diques, muros de contención, compuertas y bombas para proteger la ciudad. Sin embargo, hubo una falta de mantenimiento durante décadas que permitió inundaciones. Es lo que ha explicado el profesor del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IPH) de la UFRGS, Gean Paulo Michel, al diario O Globo.
Normas que contribuyen a la deforestación
Otro elemento que puede explicar la magnitud del desastre, además del cambio climático y de la excepcional coyuntura meteorológica, es el ablandamiento de la legislación que rige sobre el medio ambiente y que regula la licitación de obras públicas.
Ese es un fenómeno común en prácticamente todo Brasil. En mayo del año pasado, el Congreso de los Diputados, de mayoría conservadora, flexibilizó el Código Forestal y estableció reglas que contribuyen a la deforestación de áreas protegidas.
En el caso de Río Grande do Sul, el gobernador Eduardo Leite es acusado por la oposición de haber recortado o modificado 480 puntos del Código Ambiental de su estado. Esto sucedió en 2019, en su primer año de mandato y tras casi una década de intensos debates. Entre los principales cambios, destaca la flexibilización de los requisitos y la autocertificación para la concesión de licencias ambientales, algo que acabó favoreciendo los intereses empresariales. La reforma fue aprobada en un tiempo récord, en apenas 75 días, y dejó en pie de guerra a los ambientalistas de Rio Grande do Sul.
“Quiero felicitar a los 37 diputados que votaron a favor de una reforma de nuestro Código Ambiental, para que, protegiendo el medio ambiente, podamos hacer crecer al estado”, afirmó Leite en aquel momento.
Ambientalistas y técnicos del sector señalaron varias fallas y retrocesos en el nuevo Código Ambiental de Río Grande do Sul. En su opinión, desmanteló décadas de avances en la protección ambiental.
El presidente de la Asociación Gaúcha para la Protección del Medio Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, calificó el nuevo marco legal de “desestructurante, destructivo y prostitutivo” y habló de un retroceso de 40 años en la legislación ambiental de este estado.
Varios expertos, además, han criticado la reducción de las medidas de protección en zonas sensibles, la flexibilización de las licencias ambientales, la externalización de la inspección, la liberalización de la tala de árboles y la explotación de recursos naturales.
Hace cinco años, el Gobierno de Leite defendió el proyecto como una “modernización necesaria para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico”, argumentando que los cambios brindarían mayor seguridad jurídica y fomentarían la participación de la sociedad.
Las inundaciones que en la actualidad devastan el Valle de Taquari y la región metropolitana de Porto Alegre han puesto de nuevo el foco en el debate sobre la relación entre políticas ambientales y desastres naturales. Entidades como Agapan advierten sobre la urgencia de acciones concretas para enfrentar la crisis climática, incluida la restauración de áreas de conservación y la recuperación del entorno natural de los ríos.
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La relación de las políticas con los desastres naturales
Para complicar la situación, la posible aprobación de nuevas medidas que relajan aún más las regulaciones ambientales previstas en el plan de Leite, como la construcción de represas en áreas de preservación permanente, ha generado preocupación e indignación entre los defensores del medio ambiente.
Ante esta situación catastrófica, el Gobierno federal, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, ha declarado el estado de calamidad en 336 municipios de Río Grande do Sul. Esto va a permitir que estos municipios puedan recibir transferencias de fondos federales más rápidamente y con menos burocracia.
Por lo pronto, no hay previsión de mejora para esta región del sur de Brasil, que para los próximos días espera nuevas tempestades con granizo y vientos de hasta 100 km. por hora.
Para los expertos, el nivel del río Guaíba, que es 10 veces superiores a lo normal, no va a bajar por debajo del nivel de inundación antes de por lo menos 10 días. Mientras tanto, la población de todo el país y las Fuerzas Armadas se han volcado en un esfuerzo de solidaridad sin precedentes para apoyar a los afectados con comida, mantas, ropa y artículo de higiene personal.
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240508-brasil-la-tragedia-anunciada-de-r%C3%ADo-grande-do-sul
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