La Cámara de Diputados del Congreso Nacional ha aprobado la reforma a la ley de alquileres en una votación que tuvo lugar este miércoles. Sin embargo, el camino hacia su transformación en ley se ve desafiado por obstáculos en la Cámara de Senadores, donde la situación actual plantea complicaciones para su avance.
La ley propuesta debe ahora someterse al escrutinio del Senado de la Nación, donde enfrenta una situación de parálisis legislativa que ha limitado en gran medida su capacidad de sesión y acción. A lo largo del año, el Senado solo ha logrado reunirse en una ocasión, lo que refleja las dificultades que enfrentan las modificaciones impulsadas por la oposición en la Cámara de Diputados para avanzar en el 2023 en la Cámara Alta. La falta de quórum necesario debido a la ausencia de un consenso entre las distintas fuerzas políticas es un obstáculo central en este proceso.
El proyecto de reforma debe atravesar el proceso de revisión en las Comisiones del Senado antes de llegar al recinto. Sin embargo, estas Comisiones también enfrentan inactividad, y la mayoría en este espacio está en manos del interbloque del Frente de Todos. El camino para que la reforma avance implica que el proyecto debe ser presentado en la Comisión correspondiente, el presidente de la misma debe convocar a una sesión y se requiere la participación de al menos la mitad más uno de los miembros de la comisión para emitir un dictamen que permita enviar el proyecto al recinto. Si esta etapa no se completa, la oposición debe proponer una excepción al reglamento durante una sesión para debatir el proyecto en ese momento. Para lograrlo, necesitan el respaldo de dos tercios de los presentes y, una vez aprobada la moción, se inicia el debate.
Juntos por el Cambio, principal fuerza de oposición, posee un bloque de 33 senadores, lo que implica que necesita conseguir el apoyo de otros legisladores para alcanzar el número mínimo de 37 senadores necesarios para convocar la sesión y, posteriormente, aprobar la reforma para su conversión en ley. El reto radica en encontrar apoyo fuera de su bloque, ya que los 31 senadores que conforman el Frente de Todos se oponen a la modificación propuesta. El bloque oficialista busca mantener la ley actual y añadir incentivos fiscales para los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler.
El proceso de búsqueda de aliados se complica debido a la división en los bloques intermedios, donde las lealtades se distribuyen entre el oficialismo y la oposición, siendo las elecciones un factor crucial. Los senadores independientes y aquellos del bloque de Unidad Federal evalúan los resultados de las PASO y aún no han definido su respaldo a ninguno de los dos sectores mayoritarios.
Además, la posibilidad de que el sector de La Libertad Avanza obtenga 8 senadores podría alterar el equilibrio entre las dos principales minorías y los bloques intermedios. La particularidad de este bloque es que no responde a los gobernadores provinciales, a diferencia de la mayoría de los senadores, que representan a sus provincias en la Cámara Alta.
En cuanto al cronograma, la reforma a la ley de alquileres, que ha obtenido media sanción, tiene un plazo de un año para ser considerada según el reglamento del Poder Legislativo. Si no se aborda antes del 10 de diciembre, que marca el fin del período de sesiones ordinarias, el próximo Presidente de la Nación podría convocar sesiones extraordinarias y priorizar su discusión. De lo contrario, a partir del 1 de marzo y con una nueva composición de la Cámara Alta, los legisladores retomarán su análisis.
En el corto plazo, los contratos de alquiler seguirán regidos por las regulaciones actuales, que establecen acuerdos de tres años con actualización anual según el indicador proporcionado por el Banco Central. Con la media sanción en mano, la atención ahora se centra en la difícil travesía que la reforma debe enfrentar en el Senado, donde las complejidades políticas y la búsqueda de consensos serán determinantes para su destino.
