La administración municipal de Marcelo Matzkin quedó en el centro de los cuestionamientos por la adjudicación de una licitación pública destinada al desguace, compactación y disposición final de vehículos y autopartes que se encuentran en depósitos municipales de Zárate.
La controversia surgió a partir de una revisión documental realizada por Eduardo Rivas, difundida el martes 10 de noviembre, en la que se señalaron presuntas inconsistencias en el decreto de adjudicación y diferencias entre la actividad comercial registrada de la empresa seleccionada y las tareas que deberá desarrollar.
Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la firma Tecno Infiniti aparece identificada como una sociedad anónima en el acto administrativo, mientras que los registros comerciales consultados la describen como una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).
A esta observación se suma otro aspecto que despertó interrogantes: la actividad principal registrada de la empresa sería la consultoría en tecnología de la información, un rubro que no guarda una relación directa evidente con los trabajos de descontaminación, destrucción y recuperación de materiales provenientes de vehículos.
Aunque estas diferencias no constituyen por sí mismas una prueba de ilegalidad, colocan bajo discusión la precisión de la documentación municipal y los antecedentes técnicos de la firma seleccionada.
Las inconsistencias que generan cuestionamientos a la gestión de Matzkin
Uno de los principales señalamientos de Eduardo Rivas apunta a la identificación jurídica de la adjudicataria.
La diferencia entre una sociedad anónima (SA) y una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) no es un detalle menor desde el punto de vista administrativo, ya que ambas figuras poseen características legales diferentes.
Por ese motivo, resulta importante establecer si se trata de un error de redacción en el decreto o si existen otras inconsistencias en la documentación presentada durante el proceso licitatorio.
El segundo cuestionamiento se relaciona con el objeto de la contratación.
De acuerdo con el análisis difundido, los considerandos del decreto de adjudicación mencionan “el alquiler licitado”, pese a que el procedimiento corresponde a un servicio de descontaminación, desguace, clasificación, compactación, destrucción y disposición final de vehículos y autopartes.
La utilización de esa expresión genera dudas sobre la correspondencia entre los fundamentos del acto administrativo y la contratación efectivamente realizada.
Sin embargo, la existencia de errores formales no demuestra automáticamente que la adjudicación sea inválida. Para determinar su alcance sería necesario examinar el expediente completo y los antecedentes de evaluación de las ofertas.
Qué establece la licitación pública 7/2026 de Zárate
El procedimiento tiene su origen en el expediente municipal 4121-5449/2026, mediante el cual la Secretaría de Protección Ciudadana impulsó la contratación de una empresa especializada para intervenir sobre vehículos y autopartes depositados bajo custodia municipal.
La convocatoria fue aprobada mediante el Decreto 300/26, firmado el 28 de agosto de 2026, que autorizó el pliego de bases y condiciones y estableció la apertura de ofertas para el 30 de septiembre, a las 11, en la Dirección de Compras.
La documentación contempla una cantidad máxima estimada de 5.000 vehículos y autopartes durante un período de dos años.
No obstante, ese número representa un límite previsto para la contratación y no significa que la Municipalidad esté obligada a entregar la totalidad de las unidades.
Las entregas deberán realizarse de manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de los vehículos y las condiciones legales necesarias para proceder a su destrucción.
Cuánto dinero debería recibir el Municipio por la chatarra
Uno de los aspectos centrales de la licitación es su esquema económico.
A diferencia de otras contrataciones municipales, en las que el Estado paga a una empresa por la prestación de un servicio, en este caso la adjudicataria debe abonar dinero al Municipio por el material ferroso recuperado.
Según las condiciones informadas del pliego, el precio base se estableció en 35 dólares por tonelada de material ferroso compactado, con liquidación en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.
La empresa puede aprovechar económicamente los materiales recuperables, pero debe asumir los gastos correspondientes a las tareas de descontaminación, clasificación, compactación, destrucción y disposición final.
Por lo tanto, el contrato no contempla un pago municipal directo por esos trabajos, sino un ingreso para las arcas públicas a partir de la recuperación de chatarra.
El monto total que podría percibir Zárate dependerá de la cantidad de material efectivamente procesado, su peso certificado y el precio finalmente adjudicado.
En consecuencia, no es posible calcular un ingreso definitivo tomando únicamente como referencia los 5.000 vehículos previstos, porque el peso recuperable puede variar considerablemente entre las distintas unidades.
El tratamiento de vehículos secuestrados y la normativa provincial
La convocatoria municipal también se vincula con la Ley bonaerense 14.547, que establece un marco para la gestión de vehículos secuestrados o depositados en dependencias municipales.
Este tipo de procedimientos busca dar una solución a la acumulación de automóviles y motocicletas que permanecen durante largos períodos en depósitos oficiales.
Su tratamiento requiere verificar previamente la situación legal de cada unidad, ya que no todos los vehículos retenidos pueden ser destruidos de manera inmediata.
Además de liberar espacio en los predios municipales, el proceso de descontaminación y desguace debe contemplar el tratamiento adecuado de líquidos, baterías, combustibles y otros componentes que pueden representar riesgos ambientales.
Por esa razón, la capacidad operativa y técnica de las empresas contratadas constituye un aspecto relevante al momento de evaluar las propuestas.
Transparencia y controles: los interrogantes que deja la adjudicación
Más allá de las diferencias detectadas en la documentación, el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control utilizados por el gobierno municipal para seleccionar a la empresa adjudicataria.
Entre los aspectos que sería importante esclarecer aparecen los antecedentes de Tecno Infiniti en tareas de desguace, las habilitaciones necesarias para desarrollar la actividad, la documentación presentada y los criterios aplicados para evaluar su propuesta.
También resulta relevante conocer cuántas empresas participaron de la licitación, qué ofertas económicas presentaron y cuál fue el fundamento técnico y administrativo de la decisión final.
La publicación y revisión de esos antecedentes permitiría determinar si las observaciones responden únicamente a errores formales o si existen cuestiones de mayor alcance que deban ser aclaradas.
Hasta el momento, la información pública examinada para esta nota no permite acreditar una contratación ilegal ni establecer responsabilidades administrativas por las inconsistencias denunciadas.
Un nuevo cuestionamiento político para Marcelo Matzkin en Zárate
La polémica incorpora un nuevo tema a la discusión sobre la administración de los recursos y los procedimientos de contratación pública en Zárate.
El gobierno de Marcelo Matzkin enfrenta ahora el desafío de explicar las diferencias señaladas en el decreto y demostrar que la empresa seleccionada reúne las condiciones necesarias para realizar un servicio que involucra bienes bajo custodia municipal y el tratamiento de materiales potencialmente contaminantes.
La cuestión central no se limita al rubro comercial registrado por Tecno Infiniti, sino que también comprende la transparencia del procedimiento, la documentación respaldatoria y la capacidad técnica para cumplir con las obligaciones previstas.
La difusión del expediente de adjudicación, los antecedentes de la empresa y los informes de evaluación permitiría despejar los interrogantes y aportar mayor claridad sobre una contratación que contempla el tratamiento de hasta 5.000 vehículos y autopartes durante los próximos dos años.
Mientras tanto, el cuestionamiento mantiene abierto un debate sobre la necesidad de garantizar controles y procedimientos administrativos precisos en las contrataciones de la Municipalidad de Zárate.
