Según informe de Al el uso de munción viva contra manifestantes fue parte de un plan criminal y racista.
Acusa al gobierno de Boluarte de uso excesivo e ilegítimo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales que han dejado 49 muertos por disparos de fuerzas de seguridad.
Por Carlos Noriega
Un manifestante enfrenta a policías durante una protesta en el centro de Lima. . Imagen: Xinhua
Desde Lima
En su informe final sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, presentado este jueves, Amnistía Internacional denuncia que los disparos contra manifestantes y transeúntes en la represión gubernamental contra las protestas que estallaron en diciembre pasado exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, no son acciones aisladas, sino una “respuesta estatal deliberada y coordinada”. Amnistía denuncia un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales en la represión que ha dejado 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Llamando la atención en el sesgo racista que ha tenido la represión -la mayoría de las víctimas son pobladores indígenas de las zonas andinas– Amnistía titula su informe: “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de las fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú”. Amnistía califica como “muy grave” la situación de los derechos humanos en el Perú.
Ataque a poblaciones indígenas
De las centenares de víctimas, entre muertos y heridos, el informe de Amnistía analiza 52 casos de personas fallecidas y heridas durante la represión. Estos casos incluyen 25 muertes, de cuyo análisis el organismo de derechos humanos concluye que 20 “pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales”. En los otros cinco casos de fallecidos se denuncia un “uso excesivo de la fuerza”. En todos estos casos, las víctimas murieron por disparos de fusiles de guerra o de escopetas de perdigones de plomo prohibidos en el control de protestas. De estas 25 víctimas, 15 eran jóvenes menores de 21 años. Testimonios de testigos, evidencias de videos y necropsias respaldan lo dicho por el organismo de derechos humanos. Los casos analizados por Amnistía se dieron en las poblaciones andinas de Ayacuhco, Andahuaylas y Jualiaca, donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes y heridos. Es un informe contundente, que deja muy mal parado al gobierno de Boluarte, como antes lo han hecho otros informes de distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe responsabiliza al gobierno de haber llevado a cabo “ataques generalizados a través de decenas de ejecuciones extrajudiciales” entre el 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, y el 9 de febrero de 2023, periodo analizado por Amnistían en este informe. La represión continuó luego de esa fecha. “El hecho de que el uso de munición letal fuera constante a lo largo de un periodo de poco más de dos meses, a sabiendas de la mortalidad que estaba ocasionando, apunta a una estrategia planificada y consciente y no ha hechos aislados producto de oficiales actuando por su cuenta”, señala el informe. Se indica que esta conducta implica responsabilidad en las altas autoridades del gobierno y exige sean investigadas.
Ni terroristas ni delincuentes
“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno de presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de la fuerza letal”, señaló Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación de este informe en un hotel de Lima.
Amnistía advierte que las autoridades del gobierno no solamente no hicieron nada por detener la represión con disparos contra la población, que se repitió durante semanas, sino que la justificaron y hasta elogiaron públicamente a las fuerzas de seguridad por esa conducta. Boluarte también dio información falsa para intentar culpar a los manifestantes por las muertes causadas por policías y militares. Esto coloca a la presidenta en una complicada situación legal por su responsabilidad en las muertes causadas. También se cuestiona al gobierno por una política de estigmatización contra los manifestantes antigubernamentales señalándolos como “violentistas” y “terroristas”, lo que ha incentivado la violenta represión.
La fiscal que no investiga
En declaraciones a Página/12, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, señaló la preocupación del organismo por la lentitud en las investigaciones. Una lentitud que parece anunciar impunidad. La cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha formado un equipo para investigar las muertes por la represión, integrado por fiscales sin experiencia en derechos humanos, que ha centralizado las investigaciones en Lima, alejando a las víctimas, en su mayoría campesinos pobres de distantes zonas andinas, de esas investigaciones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que esta decisión, que le da a la fiscal de la Nación gran capacidad de influencia sobre las investigaciones, es una maniobrar que apunta a la impunidad. Benavides es cercana a la derecha que gobierna.
“Le hemos hecho llegar nuestra preocupación a la fiscal porque no se están realizado las investigaciones en las regiones. Las investigaciones deben realizarse donde han ocurrido los hechos. Las investigaciones que se han centralizado en Lima avanzan lentamente. Le hemos dicho a la fiscal que esto no puede continuar así. Nos preocupa que las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo hayan tenido mensajes de negar o minimizar lo que estamos diciendo los distintos informes de organismos de derechos humanos. Estamos hablando de ataques generalizados contra la población y hay una responsabilidad no solo política, sino directa, penal, en el más alto nivel, esto incluye a los altos mandos del ejercito y de la policía, y también a ministros, al jefe del gabinete y a la presidenta, que deben ser investigados por estos hechos”, señaló Marina Navarro.
Raul Samillán, hermano de Marco Antonio, médico muerto de un balazo en Juliaca cuando atendía a un herido, que estuvo presente en la presentación de este informe, le expresó a este diario su preocupación por la lentitud en las investigaciones, y por la estigmatización que hacen las autoridades contra las víctimas. “El traslado del caso a Lima nos causa preocupación, desesperación. Esto nos deja lejos de las investigaciones, las víctimas tenemos que participar en esas investigaciones. Esto nos da dudas de que se investigue en forma imparcial. Las víctimas somos maltratadas por las autoridades, nos estigmatizan, es como si ahora nos quisieran matar psicológicamente”.
«Persona no grata»
Este informe de Amnistía se presenta días antes que Boluarte asista a declarar ante la fiscalía en una causa abierta por la represión. La presidenta se debe presentar la próxima semana ante la fiscalía. Al tiempo que Amnistía presentaba su informe sobre violaciones a los derechos humanos en el Perú, el Congreso controlado por la derecha y extrema derecha declaraba persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus críticas al gobierno de Boluarte y su respaldo a Castillo. Decisión que se toma días antes que AMLO se reúna con los abogados de Castillo, Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto.
https://www.pagina12.com.ar/552896-peru-amnistia-internacional-denuncio-la-represion-del-gobier
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