Según Lucila Córdoba, la magistrada en cuestión, el comunicador no tiene inconvenientes de ser tema de análisis mediático. “Uno siempre puede salir a responder”, dice que le dijo.
Elba Marcovecchio y Jorge Lanata, en su casamiento, junto a Bárbara y Lola, las hijas del periodista. (Foto: Instagram)
Lucila Córdoba, la jueza que prohibió “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a Elba Marcovecchio, su esposa, ahora revocó esa medida.
Es probable que la medida se ajuste al repudio mediático general, pero la magistrada del Juzgado Nacional en lo Civil N°8 dice que la revocación responde a la voluntad del mismo periodista.
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“Resultan expresiones de voluntad del causante, coincidentes con las de sus familiares antes enunciados. Refirieron en idéntico sentido que sobre la salud del señor Lanata no tienen inconveniente que se hable y esa es la voluntad de él”, aseguró Córdoba vía comunicado.
Según ese escrito, al ser consultado sobre su voluntad “en cuanto a que se brinde información respecto de sus circunstancias de salud y familiar”, Lanata expresó: “Uno siempre puede salir a responder”.
El bozal legal fue solicitado por Elba Marcovecchio luego de ser denunciada por Bárbara y Lola Lanata, hijas del periodista, por supuestamente haber sustraído una gran cantidad de bienes valiosos de su casa mientras él atraviesa un estado de total vulnerabilidad.
El fallo que dio lugar al pedido de Marcovecchio fue rechazado por la Academia Nacional de Periodismo y por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
A través de una nota firmada por su secretaria, Silvia Naishtat, y su presidente, Joaquín Morales Solá, la primera consideró que el bozal legal implica violaciones a un artículo de la Constitución, el derecho internacional y restricciones al acceso a la información pública. “La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa”, se lee en un comunicado.
Luego de rechazar “enérgicamente” la decisión, Adepa consideró que “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”.
“El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”, había añadido en su reacción.
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