La orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Argentina, se da poco después de que la Justicia venezolana dictara una detención «preventiva» contra su homólogo argentino Javier Milei. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró este martes 24 de septiembre que el fallo «carece de fundamentos de competencia» y viola «la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios» que protegen a los presidentes y altos funcionarios.
Una candente disputa diplomática. El Gobierno de Venezuela condenó este martes 24 de septiembre la orden de captura emitida por la Justicia de Argentina contra el presidente Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad, calificando la decisión como «írrita» y «ridícula». La orden fue emitida el lunes, lo que provocó el rechazo inmediato del Ejecutivo chavista.
Venezuela rechazó enérgicamente la decisión del poder Judicial argentino, calificándola de «írrita» y afirmando que también afecta al ministro del Interior, Diosdado Cabello. En un comunicado oficial, Caracas denunció que esta medida es una «burda reacción de retaliación instruida» por el presidente argentino, Javier Milei.
«Esta ridícula decisión busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de derecho internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel, afectando seriamente todo el sistema internacional», expresó Caracas.
¿En qué consiste la orden de Buenos Aires contra Maduro?
La Cámara Federal de Buenos Aires emitió la orden en el contexto de una causa iniciada a principios de 2023, tras una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, FADD, contra Nicolás Maduro. La acusación se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países enjuiciar crímenes graves contra los derechos humanos, sin importar el lugar donde hayan ocurrido.
La Justicia argentina acusa a Nicolás Maduro y a sus colaboradores de estar involucrados en un “plan sistemático” destinado a ejecutar torturas, secuestros y asesinatos en Venezuela. Según el fallo judicial, estos crímenes forman parte de una estrategia de represión aplicada por el Gobierno venezolano.
El tribunal tomó la decisión después de escuchar los testimonios de un grupo de víctimas que se encuentran refugiadas en Argentina. En un comunicado, el FADD, que agrupa a políticos, académicos, periodistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos, calificó la resolución de los jueces como una decisión “histórica”.
“La Justicia argentina ha dado un paso crucial en la lucha contra la impunidad de los dictadores”, comentó el organismo.
La Justicia argentina ha aplicado el principio de jurisdicción universal en varias ocasiones. En 2010, se abrió un caso por crímenes de lesa humanidad perpetrados en España durante el régimen de Francisco Franco. En 2021, se inició una investigación sobre las denuncias de crímenes cometidos por militares birmanos contra la minoría musulmana, y en 2022, se emprendió otra investigación penal contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Un caso emblemático de este principio ocurrió en 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.
Fiscalía de Venezuela pide a Interpol emitir orden de captura contra el argentino Milei
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, afirmó que había solicitado a Interpol que emita una orden de arresto contra el presidente argentino, Javier Milei, intensificando la creciente disputa diplomática entre ambos países.
La Justicia venezolana dictó el lunes 23 de septiembre una orden de detención «preventiva» contra el presidente argentino. Una que también involucra a la secretaria general, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los cargos incluyen «robo agravado» y otros seis delitos vinculados con el avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires y posteriormente enviado a Estados Unidos en febrero.
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«El avión que se robaron servía para razones humanitarias»: Tarek Saab
La disputa diplomática en curso entre Venezuela y Argentina comenzó tras la retención de un Boeing 747 perteneciente a Emtrasur, la aerolínea estatal de Venezuela. El avión fue inmovilizado en Buenos Aires el 8 de junio de 2022, con tripulación venezolana e iraní a bordo, después de que Uruguay le negara permiso para sobrevolar su espacio aéreo.
La detención ocurrió a pedido de Estados Unidos, que argumentó que la aeronave estaba involucrada en operaciones encubiertas en América Latina. En febrero de 2024, el nuevo Gobierno argentino liderado por Milei entregó el avión a las autoridades estadounidenses, lo que provocó una dura respuesta del Gobierno de Venezuela, calificando la acción como un acto de «piratería» y «robo».
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El avión que se robaron servía para razones humanitarias, comentó en su momento el fiscal venezolano.
En respuesta a la entrega del avión, el 8 de marzo de 2024, Venezuela prohibió el sobrevuelo de aviones argentinos en su espacio aéreo hasta que se compensen los daños causados por la incautación.
El canciller venezolano, Yván Gil, calificó al Gobierno argentino como «neonazi» y acusó a Argentina de ser sumisa ante los intereses estadounidenses. Por su parte, el portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, anunció acciones diplomáticas contra Venezuela, argumentando que Argentina no se dejaría extorsionar por «los amigos del terrorismo».
“Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo, y reitera que ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte”, escribió Gil en su cuenta de X.
El conflicto puso de manifiesto la creciente polarización en las relaciones entre Argentina y Venezuela, que dejan un deterioro de la diplomacia bilateral.
Milei denuncia repetidamente un supuesto fraude en las elecciones de Venezuela, celebradas a fines de julio, y pidió a la Corte Penal Internacional actuar contra Maduro. A esto se suma la concesión de refugio a seis asesores de la oposición por parte de la embajada de Argentina en Caracas, así como la expulsión, a principios de agosto, de una docena de diplomáticos argentinos, ordenada por el Gobierno de Maduro tras las denuncias de fraude electoral.
Con EFE y Reuters
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