Sindicatos del sector público argentino desafían a Milei

Los trabajadores del gobierno protestan por los despidos frente a los ministerios y las sedes de las organizaciones públicas, y los sindicatos de docentes convocan una huelga

El sector público argentino está en armas contra Javier Milei. Ha sido el país más afectado por el ataque con motosierra del presidente ultraliberal. El miércoles, cientos de personas protestaron frente a las puertas de ministerios y agencias estatales por el reciente despido de casi 15.000 trabajadores de la administración pública del país, cuyos contratos anuales expiraron el 31 de marzo y no fueron renovados por el gobierno. Este jueves será el turno de la educación pública. Los sindicatos docentes convocaron a un día de huelga en protesta contra el recorte del fondo de incentivo docente (Fonid), que el Estado utilizaba para financiar parte de los salarios del personal.

En la sede oficial el ambiente es cada vez más tenso. “Trabajadores uníos, y si no os gusta, que os jodan, que os jodan”, coreaban los manifestantes que intentaron sin éxito entrar en el Ministerio de Trabajo el miércoles. La policía federal y los guardias de seguridad bloquearon todas las entradas e impidieron a los despedidos acceder a su antiguo lugar de trabajo. Otros 50.000 empleados también están en la línea de fuego. Sus contratos fueron renovados por otros tres meses, pero aún están en revisión y los trabajadores no saben si después de ese tiempo serán ellos los próximos a los que les ordenarán que limpien su escritorio.

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Las protestas fueron convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de servidores públicos de Argentina. Además del Ministerio de Trabajo, hubo concentraciones en las sedes de la Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. (Inadi). En las oficinas de este último, los manifestantes lograron atravesar la puerta y hacer pasar la protesta al interior. La organización, que fue pionera en la lucha contra la discriminación en América Latina, ha sido clausurada por el gobierno de Milei.

“Las oficinas públicas se están llenando de policías”, publicó en redes sociales el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. «No hay dinero para alimentos, no hay dinero para medicinas, pero sí hay dinero para la represión», afirmó. Afuera de la entrada del Ministerio de Trabajo, Aguiar defendió a los trabajadores públicos y atacó el discurso gubernamental que alega que los empleados públicos no realizan ningún trabajo para justificar sus salarios. A estas personas se les conoce en Argentina como “ñoquis”.

Aunque ATE estimó que el número de trabajadores despedidos en los últimos días se acerca a los 11.000, el portavoz presidencial Manuel Adorni aumentó la cifra a 15.000. A estos recientes despidos se suma el despido de otros 9.000 empleados públicos nacionales en los primeros tres meses del gobierno de Milei.

Adorni advirtió que se tomarán represalias contra aquellos manifestantes que cometan actos “al margen de la ley”, pero las protestas del miércoles terminaron sin arrestos.

Más educación privada

Este jueves, el foco de las protestas se traslada a las escuelas y universidades públicas. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a una huelga general entre los trabajadores docentes de todo el país. El sindicato exige que el gobierno reponga el Fonid, un fondo que el Estado envió a las administraciones provinciales para complementar los salarios de los docentes. La mayoría de los gobiernos provinciales no pueden cubrir estos fondos, lo que significa un recorte de facto en los ingresos de profesores y profesores universitarios.

Los sindicatos que defienden a los trabajadores de la educación pública también protestan por el ajuste presupuestal que ha aplicado el gobierno. Los fondos para este año son los mismos que en 2023, pero con una inflación del 211% registrada el año pasado, su valor se ha reducido a un tercio de lo que era. Sin una nueva inyección de fondos frescos, la mayoría de las universidades públicas no pueden garantizar que podrán operar en la segunda mitad del año.

El recorte a los colegios públicos contrasta con las ayudas extraordinarias que recibirán las familias que envíen a sus hijos a centros privados. El gobierno abrió el registro esta semana para ofrecer “vales educativos” por el equivalente a unos 30 dólares al mes para ayudar a pagar las tasas escolares. Según cálculos oficiales, cerca de dos millones de estudiantes podrían beneficiarse de la medida.

Fuente: https://english.elpais.com/international/2024-04-04/argentinas-public-sector-unions-challenge-milei.html

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