La Justicia ordenó decomisar bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner
En un fallo histórico dictado este 24 de abril de 2026, la Sala IV de Casación rechazó los últimos planteos de la defensa y habilitó el remate de activos vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez. La medida busca recuperar los fondos públicos desviados mediante el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar sobre más de 100 propiedades de la expresidenta, sus hijos y otros condenados para cubrir un fraude estimado en $685.000 millones.
Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación.
La justicia ratificó el decomiso de un total de 111 bienes inmuebles. El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, determinó que la ejecución de estos activos es necesaria para empezar a cubrir el perjuicio económico determinado en la condena firme de junio de 2025. El monto total que se pretende recuperar supera los 684.000 millones de pesos.
Parte del dinero incautado pertenece a Ex Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad. Por expediente CUDAP S01: 0210372/2003 se tramita el pago de una deuda salarial con agentes y ex agentes, muchos de ellos ya jubilados, de la Dirección Nacional de Vialidad derivada por aplicación parcial del Convenio Colectivo de Trabajo Nº1/75 y los Decretos 165/82 y 3456/84.
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Los bienes alcanzados por la medida
El listado de activos a ejecutar es extenso e incluye propiedades que habían sido transferidas o heredadas. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Inmuebles familiares: 19 propiedades que pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate.
Activos de Lázaro Báez: 84 inmuebles vinculados al empresario y a la firma Austral Construcciones.
Terrenos y sociedades: Tierras en Santa Cruz y participaciones en empresas que fueron clave en la estructura de fraude.
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El proceso de recuperación de fondos
La resolución habilita al Tribunal Oral Federal Nº 2 para proceder con la liquidación y eventuales remates de los bienes embargados.
Repercusiones políticas y judiciales
Mientras que sectores de la oposición y especialistas en derecho celebran el avance como un paso hacia la transparencia, desde el entorno de la exmandataria denuncian una “persecución ideológica” y cuestionan la validez del fallo al considerarlo parte de una causa “armada”. El Gobierno nacional, por su parte, se mantiene expectante ante la posibilidad de que estos fondos regresen a las arcas públicas para financiar obras de infraestructura.
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