Diego Spagnuolo se negó a declarar por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y abogado personal de Javier Milei, se presentó el lunes 28 de abril en Comodoro Py y se negó a declarar en la causa que investiga un presunto esquema de coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos. Está procesado por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación agravada y cohecho pasivo. La Justicia investiga el desvío de más de $75.000 millones entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

El extitular de ANDIS y abogado de Javier Milei rechazó responder preguntas ante la Justicia federal. Está procesado como jefe de asociación ilícita por un esquema que habría desviado al menos $6.000 millones.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, ingresa a Comodoro Py el 28 de abril de 2026. Se negó a declarar ante el juez y la prensa.

Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó en los tribunales de Comodoro Py2002 para una nueva ronda de indagatorias en la causa por corrupción en la compra de medicamentos del programa Incluir Salud. 

La citación la ordenó el juez federal Ariel Lijo, que amplió la indagatoria para Spagnuolo y otras 34 personas por un presunto esquema de direccionamiento de contrataciones entre diciembre 2023 y octubre 2025. Las audiencias van del 28 de abril al 26 de mayo.

La negativa: “No voy a declarar”

Spagnuolo llegó a los tribunales federales el 28 de abril y, luego de escuchar la acusación, comunicó al juez que no iba a declarar. Tampoco respondió preguntas de los periodistas, manifestando lo siguiente: “No, chicos, no voy a declarar”, dijo mientras salía de Comodoro Py. 

Su segundo en ANDIS, Daniel Garbellini, adoptó la misma postura un día después: se negó a responder preguntas ante el juez Sebastián Casanello. Ambos buscan “conocer todos los detalles de la acusación y tener pleno acceso a la causa para luego declarar”. 

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De qué se lo acusa: $6.000 millones y un “sistema de retornos”

El juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. Según el fallo, la ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. 

La investigación apunta a un “sistema de retornos” con droguerías que vendían medicamentos con sobreprecios a la ANDIS. Solo en coimas, la Justicia cree que Spagnuolo desvió como mínimo $6.000 millones. 

Los audios y la defensa: “Fueron hechos por IA”

La causa se disparó tras la filtración de audios donde se escucharía a un funcionario hablar de un esquema de retornos. Spagnuolo realizó un breve descargo y dijo: “No tengo nada que ver con los cargos que se me imputan”. 

Su abogado, Mauricio D’Alessandro, aseguró que las grabaciones “son falsas, están editadas o hechas por inteligencia artificial y fuera de contexto” y que “no es su voz” la que aparece. También pidió su sobreseimiento y presentó un informe pericial que sostiene que los audios fueron editados. 

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Dólares en la caja, muebles y un barrio cerrado

En la casa de Spagnuolo se hallaron 82.000 dólares y cerca de 3.000 euros no declarados ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Además, el fiscal Picardi detectó transferencias desde Indecomm S.R.L., del empresario Miguel Ángel Calvete, hacia una mueblería para equipar la vivienda particular de Spagnuolo en “Altos de Campo Grande”. Calvete está señalado como organizador de la asociación ilícita. 

La causa sigue: 35 indagatorias y bienes inhibidos

El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a Spagnuolo y a otras 34 personas entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La fiscalía sostiene que la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”. Además, el juzgado ya decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados. 

La fiscalía imputó a 19 personas, pero habría más de 20 empresarios vinculados a 30 droguerías que interactuaron con el Programa Incluir Salud. El perjuicio al Estado se estima en $75.478 millones. 

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