El presidente de Argentina, Javier Milei, avanza en sus planes de duros recortes presupuestarios, pese a las fuertes protestas. Este jueves 10 de octubre, el mandatario dispuso por decreto que se establezca un plazo de 180 días para la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en el sur del país. Serán la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Secretaría de Energía las encargadas del proceso. El anuncio llega mientras cientos de docentes y estudiantes se manifiestan luego de que el miércoles la Cámara de Diputados votara a favor de mantener el veto del jefe de Estado a la ley de financiación de universidades, la cual aumentaba los fondos para los centros públicos de educación superior.
El Gobierno de Javier Milei sigue sus duros recortes de financiación a las entidades públicas del Estado en Argentina. Tras haber evitado el miércoles que la Cámara de Diputados revocara el veto presidencial a la ley de financiación de universidades, este jueves 10 de octubre el Ejecutivo ordenó comenzar un proceso de privatización de cuatro centrales hidroeléctricas.
Mediante un decreto aparecido en el Boletín Oficial-firmado por Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo,-se dispone que en un plazo de 180 días se llame a “Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades”.
El presidente Javier Milei criticó la marcha universitaria. (Foto: Reuters)
El total de las centrales hidroeléctricas a privatizar se encuentran en la región patagónica de Neuquén. Se trata de las plantas de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Entre las cuatro suman un total de 4.170 megavatios de potencia instalada, lo que supone en torno al 10% y 15% de la matriz energética estatal.
Ya el pasado 12 de agosto otro decreto ordenaba que en el mismo plazo de tiempo la Secretaría de Energía debía llamar a concurso público. El nuevo texto indica ahora que la recién creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas “debe intervenir en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de privatización, venta total o parcial de paquetes accionarios”.
Pese a que el Estado posee el 100% de las acciones de las centrales, repartidas entre el 98% perteneciente a la empresa pública Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y un 2% a la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), en el año 1993 se otorgó la concesión de los complejos hidroeléctricos por 30 años a empresas privadas argentinas y extranjeras.
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En agosto de 2023, el actual ejecutivo había extendido estas concesiones por un año o hasta que se concretara la licitación. Las empresas seguirán gestionando las centrales hasta que se complete el proceso de privatización de las mismas.
Huelga en Argentina tras aprobación del veto a la ley de universidades
El presidente argentino busca recortes en distintas áreas del Estado, pese a las multitudinarias protestas.
Este jueves, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse y los docentes iniciaron una huelga de 24 horas con rechazo al veto de Javier Milei a la ley de financiación universitaria, una norma que aumentaba los fondos para los centros públicos de educación superior.
Las protestas volvieron un día después de que la Cámara de Diputados votara a favor de mantener ese veto.
«¿Qué hace el Congreso? En vez de ratificar una ley que había votado, la rechaza, conociendo el clamor popular», reprochó este jueves el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo, a la radio de la Universidad de Entre Ríos, en referencia a la multitudinaria manifestación del pasado 2 de octubre.
El oficialismo justifica que la aplicación de la ley de financiación de la educación universitaria pública comprometería el equilibrio fiscal.
Sin embargo, la comunidad universitaria argumenta que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tan solo tendría un impacto equivalente al 0,14 del PIB.
«Vamos a pelearlo», agregó de Feo al señalar que los sindicatos buscan «organizar la resistencia» y que existen «miles de jóvenes organizados que han tomado las universidades».
La ley de financiación universitaria, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual, así como una recomposición de los salarios universitarios, también por inflación.
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