El líder del Polo Obrero, junto a otros dirigentes, enfrenta cargos por desviar fondos del Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades políticas. Se les imputa administración fraudulenta y amenazas coactivas, pero Belliboni denuncia una “persecución política”.
Procesaron a Eduardo Belliboni en la causa por los planes sociales y lo acusan por un fraude millonario
El juez federal Sebastián Casanello procesó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y amenazas coactivas. La acusación se centra en el desvío de fondos del Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades político-partidarias, utilizando facturas falsas y una empresa fantasma llamada Rumbos. El magistrado sostuvo que el dirigente social y sus colaboradores desviaron estos fondos de manera planificada y con una finalidad específica.
La investigación
Según la investigación, Belliboni utilizó facturas falsas y una empresa fantasma llamada Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero que en la práctica no tenía actividad real y no era más que una «caja partidaria» usada para «dibujar» gastos y canalizar fondos.
Además, Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal.
El juez también investigó “amenazas coactivas” como el otro delito en este expediente. Casanello consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, vinculada a ella, obligaban a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo a participar en marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, además del desvío de fondos, el juez encontró un “aprovechamiento de la posición de poder” por parte de los dirigentes del Polo Obrero.
Detalles del fallo
“El desvío de los fondos no fue inocente, ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, escribió Casanello en alusión al Polo Obrero. El juez sostuvo que la mecánica ingeniada por los directivos de la asociación “les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral”.
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas están acusadas de defraudación con diferentes responsabilidades, y otras de “amenazas coactivas”. A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión), se le embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
Según el líder del Polo Obrero, este fallo “sigue una línea de persecución política” de la que es víctima el movimiento piquetero y adelantó que lo apelarán ante la Cámara Federal.
El rol de los funcionarios
En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos, entre ellos, Emilio Pérsico, quien durante el gobierno anterior estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”. Entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado.
Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar la actividad investigativa” para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.
Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar como testigos a los exfuncionarios Guadalupe Niño, Valeria Noelia Goyanes, Damián Sarchi y Martín Abel Lore. Además, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, Casanello dispuso otras medidas para determinar un posible móvil de los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero.
Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios, el backup de sus correos electrónicos y los legajos laborales completos de los exfuncionarios apuntados. También, expedientes de toda inspección o auditoría hecha sobre la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda.
Los procesados
La lista de quienes fueron procesados hoy incluye, como autores de la supuesta administración fraudulenta contra el Estado, además de Belliboni, a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld y Ezequiel Adrián Coego. María Isolda Dotti también fue procesada como autora del mismo delito y además, por amenazas coactivas.
Jeremías Cantero (que era el segundo de Belliboni), Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz fueron procesados por la defraudación, pero como partícipes (no autores). A Gianna Puppo también se la procesó como partícipe de la estafa y además, por las amenazas coactivas.
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Solo por amenazas coactivas fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. Ellas no estaban ligadas al Polo Obrero, sino a Barrios de Pie.
En esta causa fueron citadas a indagatoria, además, cinco personas vinculadas al comedor “Kuña Guapa”, gestionado por la Cooperativa Agustín Tosco y el Frente de Organizaciones en Lucha. A las cinco se les dictó la “falta de mérito”.
Si bien un testigo declaró que era forzado a marchar y a aportar parte del dinero que recibía del plan, Casanello entendió que no hay pruebas suficientes para avanzar por el momento contra ellas. Ni en las rendiciones de Barrios de Pie ni en las del FOL aparecieron facturas falsas.
Y en el caso del FOL el juez advirtió que se pudo constatar la efectiva “puesta en práctica de actividades socio-formativas y productivas en el marco del Plan Potenciar Trabajo” y dijo que este “cumplimiento real de actividades marca una diferencia notoria con el caso del Polo Obrero”.
Origen de la causa
La causa se inició el 20 de diciembre de 2023 con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamadas anónimas recibidas en la línea telefónica 134 de supuestos beneficiarios de planes sociales que decían que los obligaban a ir a las marchas contra el Gobierno si querían seguir cobrando.
El fiscal Pollicita identificó a los que eran de la ciudad de Buenos Aires (sobre los otros casos no tenía competencia) y dio con siete de los denunciantes. Cinco de ellos declararon. Dijeron que los obligaban a ir a las movilizaciones si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización. Tres de las cinco denuncias fueron contra el Polo Obrero, una contra Barrios de Pie y otra contra el FOL.
Hasta entonces, el caso era por amenazas coactivas y extorsión, pero después se amplió. Cuando el juzgado analizó cómo funcionaba el Plan Potenciar Trabajo, dio con pruebas que, a su juicio, permiten sostener que existió una defraudación al Estado.
Casanello explica que el Polo Obrero tenía dos obligaciones por los convenios firmados en relación con el Plan Potenciar Trabajo: una era controlar que los beneficiarios que cobraban los planes (que les pagaba directo el Estado) cumplieran con las contraprestaciones a las que se habían comprometido (estudio, tareas comunitarias, desarrollos productivos); la otra, “generar espacios socio-ocupacionales y productivos que favorecieran el desarrollo” de los beneficiarios del plan. Para eso, el Polo Obrero recibía fondos públicos.
Según Casanello, la agrupación liderada por Belliboni no hizo ni una cosa ni la otra: desvió los fondos que recibió como “unidad de gestión” del plan y, en lugar de promover el trabajo de la gente y controlar que cumpliera con las tareas asignadas, lo que revisaba era que marchara con sus banderas.
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Las pruebas
“Una parte significativa del dinero transferido por el Estado fue utilizado para financiar gastos electorales y de campaña, así como también solventar los gastos de funcionamiento del Polo y el Partido Obrero. Se priorizó la obtención de rédito político, en perjuicio de los propios beneficiarios del programa”, escribió el juez.
La investigación determinó que la asociación desvió dinero de los planes Potenciar Trabajo por $20.000.000 y otros $400.000.000 mediante facturación apócrifa, que se sumaron a $300.000.000 obtenidos a través de las “cápitas” cobradas a los beneficiarios. El fiscal Pollicita sostiene que el perjuicio al Estado fue de al menos $1.200.000.000.
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