La anarquía en las prisiones guatemaltecas es total, donde los propios presos tienen el control convirtiendo las cárceles en sus oficinas del crimen.
Exterior de la Prisión Preventiva de Varones de la Zona 18.REUTERS
Asier VeraGuatemala
El infierno en la tierra. Eso han vivido niñas de 12 a 16 años que eran violadas en dos cárceles de Guatemala entre cuatro y diez veces al día por pandilleros del Barrio 18, que contaban con el beneplácito de nueve agentes de la Dirección General Sistema Penitenciario quienes permitían el ingreso de las menores de edad para que pudieran ser agredidas sexualmente con total impunidad.
Así lo ha revelado este miércoles el denominado Operativo ‘Adolescentes en Peligro’, llevado a cabo por la Fiscalía Contra la Trata de Personas, por medio de la Unidad Contra Estructuras Criminales y Casos Especiales, mediante el cual se han arrestado a 24 personas, entre ellas, los 9 agentes penitenciarios, así como a ocho presos que están recluidos en el Preventivo para Hombres de la Zona 18 y en Fraijanes.
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En total, la Fiscalía, con apoyo de más de 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó 32 allanamientos, entre ellos, en las dos citadas cárceles, así como en las zonas 12, 16 y 18 de Ciudad de Guatemala, así como en el municipio de Mixco, en seguimiento a la investigación relacionada con el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados.
De acuerdo a la Fiscalía, los agentes penitenciarios detenidos colaboraron con la estructura criminal del Barrio 18 para «el ingreso de niñas y adolescentes a centros carcelarios», donde eran violadas por pandilleros. Entre los arrestados, se encuentran también 11 particulares quienes se dedicaban a captar, recibir y trasladar a las menores a las prisiones para que fuesen agredidas sexualmente durante horas sin que nadie hiciera nada por evitarlo.
Las órdenes de arresto fueron giradas por el Juzgado de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos de Trata de Personas por los delitos de trata de personas en la modalidad de reclutamiento de personas menores de edad para grupos organizados, maltrato contra personas menores de edad, violación, agresión sexual y homicidio. Asimismo, se secuestraron diversos indicios, entre ellos, varios dispositivos electrónicos, durante la requisa que se llevó a cabo en los citados centros carcelarios por parte del Ministerio de Gobernación, a través de la PNC y la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Durante las pesquisas realizadas, la unidad especializada documentó el ingreso a las cárceles de niñas y adolescentes comprendidas entre las edades de 12 y 16 años, con el fin de que fueran «abusadas sexualmente y reclutadas para integrarlas a la pandilla del Barrio 18». En la investigación, el Ministerio Público identificó la manera de operar de la estructura criminal para captar a las menores y obligarlas a integrar las diferentes secciones de la citada pandilla, que es una de las más poderosas del país centroamericano, junto a la Mara Salvatrucha (MS-13), dedicadas ambas a extorsionar y asesinar llegando a controlar barrios enteros.
CAPTADAS POR REDES SOCIALES Y EN INSTITUTOS
Concretamente, las niñas eran captadas por medio de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, institutos o centros de estudios, entre otros, los cuales constituían el primer contacto entre ellas con los miembros de pandillas. Posteriormente, eran trasladadas por medio de vehículos de colaboradores Uber, InDrive, mototaxis, autobuses colectivos y extraurbanos, que eran costeados por los miembros de las pandillas, o bien con dinero de las niñas y adolescentes que tuvieran en su poder o lograsen extraer de sus padres.
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A continuación, eran recibidas en las residencias de miembros o colaboradores de las pandillas juveniles o en inmuebles abandonados, en los cuales, según recordó la Fiscalía, «no existe control de personas adultas o responsables». Allí recibían instrucciones por parte de miembros de las pandillas para los delitos que debían cometer o visitas a centros carcelarios que tengan que realizar donde eran violadas, así como ingerir bebidas alcohólicas o utilizar estupefacientes.
Finalmente, según la investigación, las niñas y adolescentes eran «retenidas mediante amenazas de muerte, engaños o violencia durante su tiempo de adaptación a las pandillas, ya que los lugares de acogida son vigilados por miembros» de estos grupos criminales que son los principales causantes de las más de 4.000 muertes violentas que se registran cada año en Guatemala.
El propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó en sus redes sociales el momento exacto en el que eran detenidos los nueve agentes penitenciarios que, según denunció, «deshonraron a sus familias, a sus compañeros y al país entero», por lo que «ahora responderán por sus actos».
ANARQUÍA EN LAS CÁRCELES
La anarquía en las prisiones de Guatemala es total, donde los propios presos tienen el control convirtiendo las cárceles en sus oficinas del crimen. Concretamente, cuentan con teléfonos móviles y aparatos para la conexión a internet que logran ingresar extorsionando a los agentes del Sistema Penitenciario, muchos de los cuales caen en la corrupción. Así, las pandillas entregan teléfonos a transportistas y comerciantes a través de los cuales líderes pandilleros privados de libertad les llaman para extorsionarles bajo amenazas de muerte si no entregan el dinero, al tiempo que ordenan asesinatos a los miembros que permanecen libres.
También son habituales las fiestas con alcohol y drogas en las prisiones e incluso los familiares de los reos, incluidos niños y adolescentes, llegan a pernoctar en la cárcel como si fuera un hotel sin que los agentes penitenciarios lo impidan.
Por su parte, el Colectivo Artesana, que trabaja con mujeres presas desde hace años, espera que las capturas «motiven a otras víctimas a denunciar, superando el temor que han provocado en las víctimas y sus familiares los responsables y beneficiarios de estos delitos» que afectan a la niñez. En este sentido, indicó que, desde el año pasado, han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en favor de las niñas, niños y adolescentes que ingresen a un centro de detención.
Al mismo tiempo, recordó que también ha denunciado estos casos de trata de menores para explotación sexual ante el Comité de los derechos del niño de Naciones Unidas y el Subcomité de la ONU contra la Tortura para que «insten al Estado de Guatemala a garantizar que las niñas, niños y adolescentes no sean sometidos a ningún trato cruel, inhumano y degradante y tampoco a situaciones de trata, explotación y violencia sexual.
Esta situación no es nueva, dado que, en 2009, la periodista guatemalteca especializada en temas de niñez, Mariela Castañón, publicó en el diario La Hora un reportaje en el que denunciaba que «niñas y adolescentes son violadas en Sector 11 del Preventivo», donde guardan prisión los pandilleros del Barrio 18 y donde ella misma llegó a ingresar para poder investigar.
«UNAS NI SIQUIERA PUEDAN CAMINAR TRAS SER VIOLADAS»
En su reportaje, reveló que «niñas y jóvenes guatemaltecas viven la peor experiencia de su vida cuando ingresan al Sector 11», dado que las clicas que operan en las distintas colonias marginales «buscan a estas personas para ser abusadas sexualmente, además de recluirlas para involucrarlas en hechos ilícitos». Según detalló, la niñez y juventud llegaba a este centro carcelario «muchas veces, bajo amenazas y otras por la falta de oportunidades y el alto grado de marginación que implica vivir en lugares considerados como ‘peligrosos».
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Uno de los testimonios que recoge el reportaje es el de una mujer, cuyo marido estaba encarcelado, y que desveló que al Sector 11 del Preventivo «llegan patojas (niñas), sabrá usted para qué y lo único que a veces se escucha son sus gritos». Mientras, una fuente interna de la cárcel confirmó a la periodista lo que era un secreto a voces: «en el Sector 11, varias mujercitas hasta de 12 años han sido violadas por los pandilleros», hasta el punto de que «unas han tenido que ser llevadas por los bomberos porque ni siquiera pueden caminar». Asimismo, afirmó que «varias de las víctimas salen con un llanto incontrolable».
Pese a esta denuncia periodística realizada en 2009, Castañón se lamentó en redes sociales por el hecho de que nada haya cambiado desde entonces: «arriesgué mucho para hacer este trabajo y 15 años después, todo se repite».
Fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2024/03/21/65fbe755fdddff46618b45aa.html
