El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y otorgó un plazo de 72 horas para que el personal adscrito a ella abandone el país.
Gil agregó que el Gobierno realizará en los próximos 30 días una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa agencia.
“Esa oficina se ha desviado de su mandato”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, afirmando que la organización ha tenido un “impropio papel” y “se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”.
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El Gobierno añadió en un comunicado que la medida se mantiene hasta que rectifiquen ante la comunidad internacional lo que llamó su actitud “colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, habla durante una rueda de prensa en respuesta a las declaraciones previas del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Caracas, el 15 de febrero de 2024. (Crédito: FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images)
CNN se ha comunicado con la oficina del coordinador residente del Sistema de la ONU en Venezuela para conocer su reacción ante este anuncio, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela condenó la decisión del Gobierno. “La misión de la ONU ha estado en el país desde 2019, y su salida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de DD.HH. y disminuye la observancia”, indicó en su cuenta de X, antes Twitter.
La ONU señala al Gobierno venezolano de usar programas contra el hambre como “donaciones caritativas” susceptibles al “clientelismo político”
El anuncio del Gobierno de Maduro se produce luego de que este miércoles el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, dijera tras una visita al país que, de acuerdo con observaciones preliminares, ocho de cada 10 venezolanos viven en la pobreza (82%) y más de la mitad en pobreza extrema (53%).
En su reporte, Fakhri señala que las sanciones contra el país sudamericano han sido un factor para llegar a esa situación, pero afirma también que los programas del Gobierno venezolano para atender el hambre, como el CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un mecanismo por el que entrega alimentos a bajos precios, se han convertido en “donaciones caritativas” y “susceptibles al clientelismo político”. El relator concluye que estas medidas no resuelven las causas de fondo para el “hambre y desnutrición” que sufre el país.
Fakhri explicó también que la alta inflación en Venezuela —que cerró en 193% anual el año pasado— debilita el poder adquisitivo de las personas y aumenta los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria.
Agregó que para enfrentar esta situación algunos ciudadanos optan por «mecanismos negativos» como reducir el tamaño de las raciones de las comidas, saltarse alguna en el día o comprar alimentos sin valor nutricional.
Asimismo, Fakhri, quien llegó a Venezuela el 31 de enero para la investigación, dijo que algunas “mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida”, una situación que —añadió— ha sido reportada por numerosas organizaciones y que prevé incluir en su informe de conclusiones, que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/15/gobierno-maduro-expulsa-venezuela-oficina-alto-comisionado-onu-derechos-humanos-orix/
