Un nuevo informe de Fundación Éforo analiza el panorama de las principales políticas destinadas a las familias, su impacto económico, social y grado de cobertura en los últimos 15 años.
En 15 años las asignaciones familiares por hijo/a se triplicaron y sumaron aproximadamente 6,8 millones de beneficiarios.
La situación de los hogares en Argentina donde hay niños, niñas y adolescentes (NNyA) es crítica. Según datos del Index, para el primer semestre de 2023, más de la mitad de los NNyA viven en condiciones de pobreza o de indigencia. En números, mientras que 1 de cada 10 NNyA habitan hogares indigentes, 5 de cada 10 viven en hogares pobres.
En este escenario de alta inflación, crecimiento de los trabajos informales y deterioro de los ingresos reales de los hogares, la cobertura y el grado de inversión presupuestaria de las políticas sociales no pueden quedar por fuera del debate público. Y entre las más importantes políticas públicas dirigidas a la NNyA, se destacan las asignaciones familiares por hijo/a (AAFF).
Las dos principales en términos de cobertura y recursos asignados son la Asignación Universal por hijo/a (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y, en ambos casos, los importes de la AUH y AUE son establecidos por el Poder Ejecutivo y se ajustan por la Ley de Movilidad. Estos programas consisten en prestaciones monetarias que el Estado Nacional otorga a los hogares para complementar sus ingresos y cubrir aquellas necesidades originadas por insuficiencia de recursos monetarios.
Las AAFF desempeñan un papel de suma importancia en el universo de políticas públicas al momento de garantizar un piso mínimo de ingresos a las poblaciones más vulnerables y servir como refuerzo de ingresos en hogares con NNyA. Por eso, en el último informe «Asignaciones familiares en Argentina» elaborado por Fundación Éforo ofrecemos un panorama general acerca de este universo de políticas sociales focalizadas en los NNyA durante los últimos 15 años.
Federico Recagno, presidente de la Fundación Éforo, señaló los motivos que impulsaron esta investigación sobre una temática que compromete el futuro de los niños, niñas y adolescentes y que debe interpelar a la dirigencia política en su totalidad: «Que los grandes problemas no nos impidan ver la realidad de las personas. Trabajemos sobre los datos pero sepamos diferenciar el gasto innecesario de las necesidades de la pobreza y la indigencia».
En el informe se aclara que en conjunto, al mes de abril de 2023, se abonaron 9.122.915 AAFF, que a nivel nacional representa el 66% de los NNyA de Argentina. De este total, el 40% está destinado a NNyA hijos/as de personas desocupadas, trabajadores no registrados (sin aportes) y trabajadores inscritos en programas de MTEySS.
El 37% corresponde a NNyA de trabajadores en relación de dependencia y el 23% restante se destina a NNyA con padres/madres monotributistas y monotributistas sociales, perceptores de una jubilación y/o pensión, perceptores de pensiones no contributivas, seguro de desempleo y pertenecientes al régimen de servicio doméstico.
La historia de las AAFF tiene un punto de partida en 2008, momento en que se inició un crecimiento ininterrumpido del número de beneficiarios: pasó de 2,3 millones en 2008 a 8,7 millones en 2022. En 15 años, las asignaciones familiares se triplicaron y se sumaron aproximadamente 6,8 millones de beneficiarios. Y el salto interanual más importante se produjo entre los años 2008 y 2009, que representó un incremento 180% de personas destinatarias de estas políticas de protección social. Años en los que se creó y extendió la AUH.
A pesar de la expansión del universo de beneficiarios, entre 2009 y 2023 el poder de compra real de la AUH se redujo en un 20%, lo que ocurre a la par del aumento en los índices de pobreza/indigencia. Este proceso de deterioro del valor real de las AAFF se agudiza a partir de 2017, dando inicio al descenso más significativo del poder adquisitivo.
Otra dimensión del análisis abordado por el informe refiere a la inversión pública destinada a este conjunto de programas que constituyen el universo de AAFF. Entre algunos de los datos relevados por el informe, se destaca que entre 2008 y 2022 se incrementó el volumen de recursos desde el 0,4% al 1,2% del PIB.
En 2017 se alcanzó el punto máximo de inversión estatal en esta política, para luego disminuir gradualmente y recién en 2020, a raíz de la crisis sanitaria, aumenta nuevamente y de manera significativa la inversión pública en las AAFF, año en el que alcanzó su máximo histórico de 1,4% del PIB.
Recién en 2022, la inversión pública en AAFF se equiparó, en términos reales, a la observada en los años 2013 y 2014, pero abarcando un universo de beneficiarios de 1 millón más de NNyA. Ello implica necesariamente que hubo una contracción en los montos reales de la ayuda estatal a NNyA.
Por último, para determinar el efecto real de cobertura de las AAFF se compararon los valores generales de las prestaciones a los primeros meses de 2023 con el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para igual periodo. De aquí surge que, aun considerando diferentes composiciones de hogar, el monto del beneficio de la AUH no logra cubrir el valor total de la CBT. En ningún caso llega a cubrir ni el 15% de la CBT.
Mientras que en los hogares monoparentales el monto de la AUH alcanza para cubrir en promedio el 13% de la canasta básica, en los biparentales esta cifra se reduce aún más: alcanza para cubrir el 10% de la canasta básica. Incluso la combinación de las dos principales políticas sociales desplegadas en los últimos años, que son las Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar alcanzan un monto que apenas representa un 23% de la CBT.
Según el análisis realizado en este informe, identificamos una persistente brecha entre los ingresos de los hogares y el costo de los bienes y servicios esenciales que no logra ser cubierta por el conjunto de las principales políticas sociales. Sin embargo, las asignaciones familiares por hijo/a se han constituido en un apoyo fundamental para atender y contener los altos niveles de indigencia, pero no han podido revertir el crecimiento de la pobreza.
Durante los últimos años, se hizo más complejo el mantenimiento del valor real de las asignaciones familiares; en realidad, viene perdiendo de manera gradual frente a la inestabilidad económica.
Esta situación está íntimamente vinculada con el estado de la economía actual: 12 años sin crecimiento ni desarrollo, donde se contrajo el empleo formal y se expandió como nunca la informalidad del trabajo. Además, la caída de los salarios impacta en la recaudación y por lo tanto en el impacto real que las políticas de protección social, generando un efecto progresivo e ininterrumpido de licuación del poder adquisitivo de todos los ingresos de la economía argentina.
Tal como está diseñado e implementado el régimen de protecciones sociales no logra cubrir a todas las personas que necesitan una ayuda para no caer ni en la pobreza y menos aún en la indigencia. Es importante recordar que el objetivo con el cual se construyen las policías sociales es el de reducir las desigualdades y atender las situaciones socio-económicas más urgentes para de esta manera asegurar derechos humanos fundamentales.
En este sentido, Recagno señalo que «en Éforo pretendemos que los datos nos permitan debatir y generar las mejores políticas sociales» y así orientar los esfuerzos desde la gestión pública para reconocer a quienes más lo necesitan y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para el desarrollo de una vida digna.
