El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió hoy que «habrá miles de despidos en la administración pública».
El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió hoy que «habrá miles de despidos en la administración pública» a partir de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo, y decidió convocar al inicio de huelgas sectoriales, que comenzarán en el Senasa y afectarán a todas las exportaciones.
«La primera medida de fuerza se convocará en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por 72 horas y afectará las exportaciones. La paz social debe ser garantizada por los gobiernos con sus políticas y no por los trabajadores», dijo Aguiar.
Un documento del sindicato nacional confirmó hoy que a partir de «datos precisos» ofrecidos por quienes participan en las reuniones de transición que se realizan en varias áreas del Poder Ejecutivo es posible señalar que «la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en Ministerios y organismos, sobre el pilar de una base de datos de contratados e inestables», dijo.
«Esa sería la base para producir de forma inmediata despidos masivos en la administración pública», sostuvo el gremio, que alentó a las conducciones porteña y de todas las provincias a realizar plenarios y asambleas de organismos nacionales para comenzar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones que resguarden los puestos de empleo y eviten la desjerarquización de las funciones que cumple cada sector.
«Los trabajadores tienen derecho a actuar en legítima defensa si sienten que están en peligro. No son ellos quienes deben garantizar la paz social. Existe la certeza de que el recorte que planifica el próximo gobierno contempla la cesantía de miles de estatales. Hay que empezar a actuar de forma preventiva, y no se descarta iniciar acciones de fuerza esta misma semana en algunos organismos», puntualizó el dirigente en el documento.
También sostuvo que a «los economistas que están siendo convocados para integrar el nuevo gobierno no les interesa nada a excepción de bajar los gastos, aun a riesgo de que la operatividad de los organismos públicos sea reducida a su mínima expresión».
El gremio nacional decidió esta tarde habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, por lo que en las próximas horas autorizó «un paro de 72 horas en el Senasa», señaló.
Una huelga de tres días en ese organismo podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y aduanas, además de que se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la Patagonia y otras regiones del país, arriesgando «el status sanitario argentino».
Aguiar aseguró que la verificación de la información sobre despidos surgió luego de que la ATE mantuvo reuniones con trabajadores que participaron en encuentros de intercambio entre las gestiones saliente y entrante, y denunció que quienes representan en esa tarea al gobierno que asumirá el 10 de diciembre próximo realizan «una búsqueda exhaustiva de los trabajadores que ingresaron el último año y de aquellos que no tienen estabilidad».
«No les importa en ese caso su antigüedad. Se trata de más de 64 mil empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos, porque el actual Gobierno incumplió el Plan de Regularización del Empleo Público que firmó en la Casa Rosada en 2021. Ahora, otra vez la variable de ajuste serán los trabajadores. Hay que prepararse de forma urgente para enfrentar un período en el que se intentará quitar todos los derechos», afirmó.
Esta mañana, en declaraciones a Radio Nacional, Aguiar había solicitado al Gobierno el adelanto del pago del aguinaldo de diciembre en función de la Resolución 576/98 del Ministerio de Economía, que habilita a liquidar la segunda cuota del SAC ese mes.
«Javier Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo. Si no lo hiciera violaría el orden público. Desde hace 78 años el movimiento obrero lo cobra, porque es un derecho adquirido en diciembre de 1945 y está legislado en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Además, la norma 23.041 de orden público determina su pago en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, mixtas y de propiedad estatal», concluyó.
