El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión este martes ante el jefe de Estado con la tarea de mantener el crecimiento económico y gestionar la creciente división política y social destasda por la futura ley de amnístia a los implicados en el ‘procés’
Tras cuatro meses de interinidad, España cuenta con un nuevo Gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Los 22 miembros del nuevo gabinete, con mayoría de mujeres, prometieron este martes su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el jefe del Estado, el rey Felipe VI.
Las vicepresidentas Nadia Calviño de Economía, La líder de Sumar Yolanda Díaz en Trabajo y la titular de Medioambiente Teresa Ribera renuevan sus compromisos. Para María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, supone también asumir la responsabilidad de una cuarta vicepresidencia.
José Manuel Albares en Exteriores, Margarita Robles en Defensa y otros mantienen sus carteras. Félix Bolaños, hasta ahora ministro de Presidencia, asume también la cartera de Justicia.
La coalición de izquierdas de la vicepresidenta Yolanda Diaz logra cuatro ministerios más; Cultura, Sanidad, Derechos sociales y la nueva cartera de Juventud e Infancia.
Por parte del PSOE se incorporan nuevos rostros como Ángel Víctor Torres en Política Territorial, Jordi Hereu en Industria, Óscar Puente en Transporte, Elma Saiz en Seguridad Social y Ana Redondo en Igualdad.
Entre la prioridades del nuevo Consejo de Ministros, que se reunirá este miércoles por primera vez, se encunetra el desafío de mantener el crecimiento económico ante las previsiones de ralentización de la zona Euro.
Un gabinete de peso político
El presidente Sánchez se rodea de su núcleo duro y elige un gabinete de marcado carácter político para afrontar una legislatura que se prevé extremádamente complicada y que girará en gran medida en torno al encaje territorial de España. La aprobación de la futura ley de amnistía a los líderes del ‘procés’ demandará del Ejecutivo mucha cintura política para enfrentar una notable división política y social.
La proposición de ley de amnistía, ya registrada en el Congreso- anula la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de las personas vinculadas con el proceso soberanista en Cataluña durante una década, desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.
También incluye incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.
Los planes de amnstía de Sánchez han suscitado las críticas de algunos fiscales y miembros de la judicatura por su posible injerencia en la separación de derechos y ha destatdo una ola de protestas en las calles.
El sábado pasado, una multitudinaria concentración en la Plaza de Cibeles convocada por organizaciones civiles, reunió a 170.000 personas según la Delegación del Gobierno y hasta un millón según los organizadores.
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