La oposición quiere expulsar al diputado K de la Cámara, aunque no tiene los votos y depende de la Justicia para avanzar con un desafuero. El juicio político a la Corte Suprema quedó en un limbo y su futuro está atado al resultado electoral.
El diputado del Frente de Todos Luis Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político contra la Corte Suprema (Foto: Télam).
El escándalo de espionaje ilegal trastocó los planes que tanto Gobierno como oposición tenían listos para los últimos días de actividad en el Congreso antes del balotaje. JxC debió mostrarse unido -empujado solamente por la circunstancia- y cargó fuerte contra el diputado K, Rodolfo Tailhade, a quien busca expulsar de la Cámara. El oficialismo, que debió abortar una sesión y congelar eljuicio político a la Corte, resiste. El resultado de la elección presidencial, saben todos, reordenará el escenario parlamentario
El martes, Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio contra los miembros del máximo tribunal y de los más activos en la comisión que llevó adelante el proceso, quedó en el centro de la polémica nacional cuando un informe judicial reveló que había intercambiado mensajes con Ariel Pedro Zanchetta, un expolicía apuntado como agente inorgánico de la AFI, parte de una presunta una red de espionaje ilegal sobre políticos, magistrados, periodistas y empresarios.
Hasta horas antes, el oficialismo había acelerado las negociaciones con los distintos bloques parlamentarios para convocar a una sesión y tratar un proyecto que impulsó Sergio Massa para aumentar el financiamiento educativo. Finalmente, para evitar que el escándalo llegara al recinto, se levantó todo. En simultáneo, también desde el senado, donde manda Cristina Kirchner, confirmaban que no habrá sesión ni actividad de peso hasta después da la elección.
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Primero, los diputados y senadores del PRO y la UCR que integran la Bicameral de Inteligencia pidieron a su presidente, Leopoldo Moreau -otro legislador leal a la Vicepresidenta- una reunión inmediata y “la urgente creación de una Subcomisión Investigadora” para investigar el caso y la participación de Tailhade, que también integra la bicameral.
“No hubo respuesta, no va a pasar nada antes de la elección. En el mejor de los casos se hace la reunión que pedimos, pero no lo van a entregar a Tailhade y no van a habilitar ninguna investigación”, se anticipaba uno de los opositores de la comisión.
En paralelo, un grupo de diputados del PRO presentaron un proyecto de resolución para expulsar a Tailhade por “inhabilidad moral “por su presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal violando los derechos y garantías de la Constitución Nacional”. Lo mismo hicieron diputados de la Coalición Cívica en otro proyecto posterior.
De hecho, el diputado ya acumulaba media docena de pedidos similares antes del escándalo, algunos con más de dos años. Para aprobar la expulsión de un diputado se requiere una mayoría en el recinto de dos tercios de los votos, que no solo JxC no conseguiría de ninguna forma fracturada como se encuentra, sino que la coalición, unida, hasta ahora solo logró una mayoría simple con ayuda de otros bloques opositores en muy pocas oportunidades.
En los bloques opositores advierten que el único camino posible sería el desafuero. Los fueros protegen a los legisladores, por ejemplo, del arresto. El desafuero lo debe pedir el fiscal (en este caso Gerardo Pollicita) al juez (Marcelo Martínez de Giorgi) y el magistrado debe habilitarlo y pedirlo al Congreso. Hay contados antecedentes, entre los que se encuentra el de Julio De Vido en 2017, que fue rápidamente detenido, y el exrepresor Luis Patti.
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En la coalición opositora también descartan que eso vaya a suceder pronto. “De Giorgi ni siquiera aceptó la detención del “Conu” Rodríguez que está más complicado que Tailhade. Tampoco nos olvidemos que la esposa de De Giorgi tiene el pliego en el Senado donde Cristina define si se lo aprueban en el recinto o no”, desliza, sugerente, un importante diputado de JxC.
Pero la Coalición Cívica también solicitó que Tailhade –que ya fue respaldado por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez- sea apartado de las comisiones de la Bicameral de Inteligencia y la de Juicio Político, donde acusan al diputado de haber utilizado la información obtenida ilegalmente para promover el juicio contra la corte Suprema.
Cerca del diputado K aseguran que no tiene ninguna intención de abandonar ninguna de las dos comisiones y que está dispuesto a declarar en la Justicia cuando el juez lo requiera, como él ya lo pidió formalmente. Además, acusan a la oposición de utilizar el escándalo para “ensuciar” lo actuado contra los miembros del máximo tribunal desde enero, en una de las pocas comisiones que -por impulso oficialista- se reunió regularmente en un año magro para la actividad parlamentaria.
En los hechos, el juicio político a la Corte Suprema quedó congelado por decisión del propio oficialismo y a pedido de Sergio Massa que -a pesar de que dos de sus diputados participaron activamente de la comisión y del armado del caso contra los jueces- vio problemático avanzar en medio de la campaña electoral.
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El kirchnerismo planeaba darle dictamen a la acusación contra los miembros del máximo tribunal la próxima semana, que era la fecha límite que permitía el calendario parlamentario. Pero el Gobierno prorrogó las sesiones ordinarias, así que la definición quedó para después del balotaje.
Qué hará el oficialismo es una incógnita cuya resolución dependerá en gran medida del resultado de la elección. Dirigentes massistas aseguran que no continuará adelante si hay un triunfo del ministro. En el kirchnerismo aseguran que habrá dictamen independientemente del resultado, pero hace un mes aseguraban que habría dictamen antes de la elección.
Un dictamen de acusación mantendría estado parlamentario durante tres años. Hoy el kirchnerismo no tiene los dos tercios necesarios en el recinto para aprobarlo. “Quién sabe qué escenario habrá en la Cámara Baja en un futuro”, plantean en el ala más dura del oficialismo.
En la oposición hay pronósticos disímiles. Algunos creen que el proceso terminó de morir este martes tras el escándalo de espionaje ilegal; otros que el oficialismo avanzará tanto en caso de que haya un triunfo de Javier Milei como de Massa; en el sector más “moderado” entienden que a Massa no le convendría comenzar su gobierno, si ganara, enfrentado con la Corte Suprema. En este caso, habrá que esperar para ver.
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