LeoLabs comunicó al Gobierno provincial que comenzó el desarme del sistema electrónico del radar montado en estancia El Relincho. Indicó que también solicitará a la DPE el corte del suministro de Energía Eléctrica, pero que no procederá al desarme de las instalaciones porque apeló ante la autoridad administrativa nacional la cancelación de la licencia para operar el radar.
El Ejecutivo fueguino informó ayer que la empresa LeoLabs Argentina lo notificó formalmente del “inicio del proceso desarme del sistema electrónico y otras medidas tendientes a garantizar la inoperatividad del radar ubicado en estancia El Relincho” y que ello responde a el planteo que hizo el Gobierno de la provincia a la empresa para el inicio del desarme de las instalaciones.
“Esta determinación se produce en virtud de los diversos planteos que el Gobierno provincial ha formulado principalmente al Ministerio de Defensa. Es decir que el Gobierno fueguino se puso a la cabeza de este pedido, ante la inacción de diferentes funcionarios nacionales”, afirmó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary.
El funcionario recordó que “el pasado mes agosto, el Ministerio de Defensa Nacional solicitó a través de una nota dirigida a la Jefatura de Gabinete de Ministros la cancelación y suspensión definitiva de la instalación de este radar en cercanías a la ciudad de Tolhuin advirtiendo que podría poseer un potencial uso militar para terceros países, además del hecho que la empresa estadounidense poseyera capital británico”, y que a pesar de ello “el Ministerio de Defensa no respondió a los pedidos posteriores de la provincia de Tierra del Fuego, y fue la Jefatura de Gabinete de Ministros quien pretendió poner en cabeza de la provincia dicha responsabilidad, cuando la competencia y la capacidad de involucrar a otros Ministerios, como el de Defensa, es absolutamente desde esa cartera”, agregó.
“Nos resulta extremadamente preocupante como funcionarios del Ministerio de Defensa mantuvieron una actitud de total pasividad, por eso nos pusimos al frente de las gestiones para garantizar en los términos del Informe de Defensa la falta de operatividad de este radar. Es inaudito lo obrado por Defensa al caracterizar a algo como amenaza a la seguridad nacional y contentarse con el envío de una nota casi treinta días luego de solicitada”, indicó Dachary.
Además hizo referencia a que, de acuerdo con la nota enviada por la empresa, la estación terrena desde el 26 de junio último “se encuentra inoperante, situación que ha sido constatada por funcionarios del ámbito nacional que viajaron a Tierra del Fuego” y que en ningún momento la Subsecretaria de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Nación se ha expresado en sentido contrario.
Asimismo, dijo que LeoLabs Argentina SRL puso en conocimiento al Gobernador Melella que una vez finalizado el retiro de la electrónica del radar, entre otros puntos, solicitará a la Dirección de Energía el corte total del suministro de energía, modificará la estructura societaria y solicitará al Ministerio de Producción y Medio Ambiente la suspensión de plazos procesales hasta tanto se resuelva de manera definitiva el planteo que ha realizado a nivel nacional, relacionado con la cancelación de su autorización para funcionar.
Por último, Dachary sostuvo que “si bien dista de ser una solución definitiva, para nuestra provincia es un avance contar con garantías concretas de que el radar no se encuentre operativo”.
La nota de Leolabs
Durante la mañana de este martes 26 de septiembre se recibió en Casa de Gobierno la nota que remitió Pablo Bilbao, representante legal de Leolabs Argentina, que fue publicada ayer por el sitio Agenda Malvinas.
En la misiva se señala que “con el objetivo de disipar cualquier duda instada en la comunidad y prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros, LeoLabs Argentina SRL ha decidido retirar ciertas partes electrónicas de la estación terrena satelital ubicada en las cercanías de la ciudad de Tolhuin”.
Bilbao aprovecha la oportunidad para informarle al Gobernador que la empresa que representa “ha apelado en sede administrativa la cancelación de su licencia” por considerar que “los argumentos presentados por el Estado Nacional para tal acción no reflejan la realidad de los hechos”. Sostiene que “contrariamente a lo que se ha comunicado, el grupo Leolabs no es británico sino estadounidense, hecho reconocido incluso en publicaciones especializadas realizadas por universidades estatales de la República Argentina” y afirma “que las capacidades de la estación terrena no son las que han sido detalladas por el Estado Nacional y que se han comunicado a la población a través de TELAM Digital y otros medios de prensa”.
Contradiciendo el tenor del informe que, con el aporte técnico de las Fuerzas Armadas, el INVAP y la Comisión Nacional de Actividades Espacial, realizó el Ministerio de Defensa para solicitar a la Jefatura de Gabinete de Nación cancelar la autorización provisoria otorgada a Leolabs, asegura que “el radar no posee la capacidad de rastrear misiles, aviones, embarcaciones o vehículos terrestres, ni de monitorea actividades militares” y que “además carece de la habilidad para rastrear o interceptar comunicaciones vía satélite o llevar a cabo cualquier otro tipo de escucha”.
También se asegura que desde el pasado 26 de junio “la estación terrena se encuentra totalmente inoperativa, situación que ha sido constatada por funcionarios del ámbito nacional que viajaron a Tierra del Fuego”.
En la misiva se notifica también que, y “sin que esto signifique renunciar a ningún derecho ni admitir ninguna infracción normativa”, una vez finalizado el retiro de la electrónica se solicitará a la DPE “el corte total del suministro de energía a la estación terrena, estimando presentar esa solicitud el próximo 29 de septiembre”, no ante de esa fecha ya que resulta necesario contar con el suministro de energía eléctrica para la realización de los trabajos en cuestión y para que las cámaras de seguridad permitan certificar las actividades de retiro de la electrónica.
Que también se solicitará a la Inspección General de Justicia “la transferencia de las cuotas de los actuales socios a dos sociedades del mismo grupo, pero con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica”, y que se peticionará “al Ministerio de Producción y Medio Ambiente la suspensión de los plazos procesales hasta que se resuelva de manera definitiva, a nivel nacional, la situación de la autorización de LeoLabs”, ya que la cartera provincial había requerido a la empresa el desmantelamiento de la obra civil.
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