Irán entró en su segunda semana sin acceso a Internet mientras se multiplican las víctimas de la represión
El apagón digital, impuesto tras las protestas masivas de enero, limita la comunicación con el exterior, afecta la actividad económica y dificulta la verificación independiente sobre la magnitud de la violencia estatal
Una medida impuesta por el régimen teocrático el pasado 8 de enero y que, según organizaciones de monitoreo y de derechos humanos, busca restringir el flujo de información y ocultar el alcance de la represión contra las protestas que sacudieron al país a comienzos de año. El corte mantiene a gran parte de la población sin acceso a la red global y con comunicaciones severamente limitadas.
La organización NetBlocks afirmó que “Irán ha estado bajo un bloqueo de internet a nivel nacional durante dos semanas completas” y señaló que “siguen prácticamente planos, con apenas un leve aumento en las redes autorizadas por el régimen”.
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El bloqueo comenzó la noche del 8 de enero, cuando una ola de protestas se extendió por varias ciudades iraníes. Las manifestaciones, iniciadas semanas antes por comerciantes afectados por la depreciación del rial, derivaron rápidamente en consignas contra la República Islámica y alcanzaron su punto máximo los días 8 y 9 de enero, con una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad.
Según un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos, 3.117 personas murieron durante las protestas. El organismo distinguió entre “mártires”, categoría que atribuyó a miembros de las fuerzas de seguridad y civiles ajenos a las protestas, y “alborotadores”, a quienes vinculó con Estados Unidos. Del total informado, 2.427 fueron clasificados como “mártires”.
Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, cuestionan esas cifras y sostienen que la mayoría de las muertes se produjeron por disparos directos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Algunas estimaciones elevan el número de fallecidos a varios miles más e incluso advierten que podría superar ampliamente los datos oficiales. Estos grupos denuncian que el apagón digital dificulta la recolección de pruebas y la verificación independiente de los hechos.
