Ordenaron detener a una arquitecta de Jujuy que habló vía WhatsApp de la supuesta infidelidad de la mujer de Gerardo Morales
“Me acusan por algo que se habló en un grupo privado”, dijo Lucía González a LA NACION; según la fiscalía, ella “viralizó” el rumor e integró, con los dos hombres que llevan 50 días presos, una confabulación para dañar a la familia del exgobernador El casamiento de Tulia Snopek y Gerardo Morales, en Purmamarca, el 7 de diciembre de 2018Facebook a justicia jujeña avanza con su investigación contra los dos hombres que llevan 50 días presos acusados de haber posteado en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales. Pero la Policía busca, además, a una tercera imputada: una arquitecta de 42 años que habría reproducido el rumor en un grupo privado de WhatsApp. LEELO ACÁ:Los gobernadores patagónicos quieren suspender la producción de petróleo desde el miércoles Según corroboró LA NACION con el fiscal del caso, Walter Rondón, y con la propia acusada, Lucía González, la orden de detención contra ella la dictó el 26 de enero pasado el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que mantiene presos a Nahuel Morandini y Roque Villegas. Los tres están acusados de delitos que, sumados como pidió el fiscal, los podrían dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales, de dos años). La causa se inició por una denuncia de Tulia Snopek el 4 de enero pasado. Un día más tarde, fueron detenidos Morandini y Villegas. LEELO ACÁ: La dictadura venezolana y la humillación de Chile y Estados Unidos “Yo no tengo publicaciones en redes sociales sobre este tema. Solo uso Instagram y no publiqué nada”, dijo Lucía González a LA NACION. “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”, alegó González, que está fuera del país. “Estoy de vacaciones. Siempre me voy de vacaciones en febrero. Me enteré de que me estaban buscando porque vecinos míos me avisaron que habían ido a preguntar por mí unos hombres en una Toyota Hillux sin patente. Durante varios días hubo movimientos raros cerca de mi casa. Nahuel ya estaba detenido”. Nahuel Morandini es amigo de González (ella cuenta que, en realidad, es amiga desde los cinco años de la mujer de Morandini y es madrina de la primera hija de ellos). Los investigadores llegaron a González porque después de detener a Morandini por un tuit en el que dijo que parecía que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador”, le secuestraron el teléfono y le revisaron sus comunicaciones. Así dieron con el grupo de WhatsApp del que participaba González y en el que ella había dicho que se había enterado del “chisme” de la infidelidad. Aparentemente, su comentario incluía una alusión al rumor de que la hija de Snopek no sería hija de Morales. LEELO ACÁ:Máximo Kirchner reunió al PJ bonaerense y los distintos sectores priorizaron la unidad para enfrentar a Milei Según el fiscal, de los chats surgiría que hubo una decisión premeditada de expandir los rumores para provocar un daño. “Una cosa es intercambiar chats entre vos y yo, pero si vos después lo viralizás, ya es otra cosa”, dijo Rondón a LA NACION. Afirmó que eso es lo que surge “de la extracción de información de los teléfonos”. El fiscal relató que González está acusada “de lo mismo” que sus coimputados y que “la orden de detención es para hacerla comparecer al juzgado”. Consultado sobre cómo es posible que Morandini y Villegas, que no se conocían, estén acusados de haber confabulado, el fiscal dijo: “Hay gente que no se conoce, pero comparten las viralizaciones”. Rondón respondió que por el momento no podía dar más precisiones sobre cómo funda su acusación contra González. Aunque según la fiscalía la arquitecta sería parte de la misma supuesta confabulación, se le abrió una causa independiente. El abogado defensor de ella, Javier Vuistaz, afirmó que esta división es completamente irregular. El argumento que dio el fiscal a LA NACION es que a González “se la separó de la causa para no demorar la causa original sine die”. El expediente contra Morandini y Villegas avanza a toda velocidad. Este lunes vence el plazo de las defensas para ofrecer sus pruebas para el juicio y el fiscal calcula que en un mes puede haber una sentencia. Los abogados defensores de Morandini, Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, pretenden frenar el avance del proceso con una excepción que plantearon “por inexistencia de delito”. Reclamaron el “inmediato sobreseimiento” de Morandini y denunciaron un avance ilegal sobre de la libertad de expresión. Esta semana, consultados por LA NACION, juristas de diferentes líneas de pensamiento coincidieron en criticar que Morandini y Villegas estuvieran detenidos por posteos como los que hicieron y cuestionaron la constitucionalidad de la causa penal. La respuesta del fiscal Rondón, en defensa de su acusación, fue que “no hay derechos absolutos”. El abogado de González, Vuistaz, no solo se quejó de que se haya abierto una causa independiente contra su defendida, también dijo que no pudo acceder a las pruebas contra ella (que están en registros fílmicos que, cuando intentó abrirlos, “dieron error”, según relató) y sostuvo que el proceso para intentar que dejen sin efecto la orden de captura se volvió “kafkiano”. Según Vuistaz, que tiene un estudio con sede en Salta, la detención la dispuso Llermanos como juez de feria y el caso pasó luego a otra jueza, pero cuando le pidieron a esa magistrada que levantara la orden, ella se remitió a lo dispuesto por Llermanos, y Llermanos tampoco accedió a tratar el tema. “González nunca salió del ámbito reservado, privado, de WhatsApp. No sabemos de qué la acusan”, dijo el defensor. González trabaja como arquitecta en forma independiente y cuenta que también está contratada desde hace tres años como inspectora por un organismo provincial, con un contrato que le renuevan anualmente. Llamada de Morales El abogado de González relató además a LA NACION un episodio que involucra directamente al exgobernador Morales. Dijo que en la causa contra su
Incidentes violentos durante la reforma constitucional en Jujuy. El Gobernador echo culpa al FdT
En medio de una jornada marcada por graves disturbios, manifestantes intentaron prender fuego a la Legislatura de Jujuy en rechazo a la modificación de artículos de la nueva Constitución provincial. Los enfrentamientos se desencadenaron mientras la Asamblea Constituyente se preparaba para jurar la reforma parcial de la Carta Magna. Los incidentes ocurrieron en las afueras del edificio legislativo, donde se registraron piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos. Los manifestantes derribaron las vallas de protección y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con la policía. En medio de la tensión, el gobernador Gerardo Morales responsabilizó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la «extrema violencia» que se vivió en Jujuy. En su cuenta de Twitter, Morales expresó su repudio y llamó a todos los argentinos a rechazar lo que considera una estrategia del kirchnerismo y el Frente de Izquierda. Tanto el presidente como la vicepresidenta respondieron a través de las redes sociales, señalando que el gobernador es el responsable de la situación. Mientras los legisladores sesionaban en el interior del edificio, un grupo de personas encapuchadas vandalizó las instalaciones, intentó ingresar por las ventanas y provocó un incendio en las oficinas legislativas. Además, se volcaron dos vehículos y se incendió otro más. La infantería intervino para dispersar a los manifestantes, logrando despejar el área, aunque estos se reagruparon y se produjeron nuevos enfrentamientos. En apoyo al gobernador Morales, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que los episodios violentos en Jujuy son una muestra de la resistencia al cambio por parte del kirchnerismo. Rodríguez Larreta responsabilizó a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por los disturbios en la Legislatura. La reforma parcial de la Constitución fue finalmente aprobada por los convencionales constituyentes, con cambios en los artículos 36 y 50, relacionados con los derechos de los pueblos originarios. Estos artículos volverán a su redacción original tras reconocer «dudas» en las comunidades indígenas. En medio de los enfrentamientos, los cortes de ruta persisten en más de 20 puntos de Jujuy, con la participación de pueblos originarios, agrupaciones kirchneristas y la Unidad Piquetera. Alejandro Nieva, presidente de la comisión redactora de la reforma constitucional, señaló a grupos de izquierda y kirchneristas como responsables de los incidentes. La jura de la reforma está prevista para la tarde en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, los gremios docentes, en su tercera semana de paro, han pedido la suspensión de la ceremonia y han rechazado la reforma de la Carta Magna. El gobernador Morales ratificó el artículo 67 de la reforma constitucional, que prohíbe los cortes de rutas y calles,y la ocupación de edificios públicos. Este artículo ha generado rechazo y protestas en la provincia. Morales defendió la reforma constitucional en una conferencia de prensa, explicando los incisos que componen el artículo 67 y reiterando que no se modificará. Afirmó que no se puede considerar el corte de ruta como una forma válida de protesta y resaltó la importancia de garantizar la libre circulación de las personas. La aprobación de la reforma parcial constitucional ha aumentado el clima de protestas en las calles, con marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales que demandan aumentos salariales y rechazan la reforma. La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó la falta de garantías para el derecho a la protesta en Jujuy y advirtió sobre el riesgo a la integridad física de quienes se manifiestan. Presentaron un habeas corpus colectivo y preventivo en respuesta a la situación. Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, viajó a Jujuy y expresó que hay un gran malestar en la provincia, anticipando futuras movilizaciones en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador. Diversos referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes sindicales han repudiado la represión que ha sufrido el pueblo jujeño y han denunciado el accionar de las fuerzas de seguridad del gobierno de Morales. En la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una movilización hacia la Casa de Jujuy en protesta por el operativo policial y en rechazo a la reforma de la Constitución en la provincia.
