Para Corpacci, nacionalizar el litio “es inconstitucional» 

Defendió que las provincias manejen sus propios recursos, amparadas por el Código de Minería 

La senadora nacional dijo que en Catamarca “las reglas del juego” cambiaron en el control sobre las explotaciones mineras y que la provincia prácticamente duplicó sus ingresos por esta actividad.

“Nacionalizar es inconstitucional porque con la modificación de la Constitución en 1994, en su artículo 124, se reconoce la titularidad del dominio de los recursos naturales a las provincias”. De esta forma, la senadora Lucía Corpacci se sumó al debate a nivel país que nació con la propuesta de que se nacionalice la explotación del litio en las tres provincias centrales en este “boom” del llamado oro blanco: Catamarca, Salta y Jujuy.

Para la senadora, no hay lugar a debate en torno a quién debe ser el administrador de este recurso cuando “la Constitución reformada claramente dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales por lo que no sólo estaríamos hablando de reformar un artículo sino de reformar la Constitución, y esto, es mucho más que reformar una simple ley”.

Asume que se trata de un debate que parte de un desconocimiento no solo legal en torno al tema, sino que minimiza la capacidad de las propias provincias involucradas. En este caso, señaló que se quiere “equiparar a lo que sucede en Chile y la verdad, son dos sistemas de gobierno totalmente distintos: Chile tiene un gobierno centralizado, todos los recursos corresponden a la Nación. Y esto desde hace años fue así, no es que desde hace poco se decidió en ese país nacionalizar el litio cuando siempre fue un recurso del estado nacional”.

Asegura que “se opina sobre este asunto sin conocer a fondo la cuestión”. También expresó que una potencial nacionalización acarrearía que “ya no sean las provincias las que dispongan de los recursos y que decidan las concesiones sino que quedaría en (potestad) del estado nacional (argentino)” y esto entraña “pensar que las provincias son incapaces de manejar los recursos y el Estado Nacional sí”.

Algo que “es totalmente injusto porque los estados provinciales tenemos la misma capacidad que el estado nacional”, aseguró. Además, destacó que el litio está dentro de los recursos contemplados por el Código de Minería que implicaría “sacarlo de ese código para nacionalizarlo”, agregó. Este Código contempla que los recursos extraordinarios (como éste) siguen siendo propiedad del estado provincial más allá de la concesión para la explotación que se haya realizado a terceros.

En medio del debate que provocó el pedido, desde el mismo Frente de Todos a nivel nacional, Corpacci expresó que las tres provincias litíferas (Catamarca, Jujuy y Salta) “no estamos de acuerdo en que se nacionalice” este recurso porque “pretendemos, como yo soy de esa idea, de que sea un recurso que sea manejado por los estados provinciales”.

En cuanto a la consulta sobre si la concesión a terceros extranjeros para la explotación provoca prácticas que avanzan sobre la soberanía territorial, la senadora indicó que según su experiencia particular al visitar yacimientos en manos de empresas estadounidenses “jamás vi que haya banderas de ese país” en las explotaciones.

Sobre la cartelería en chino que se puede encontrar en cercanías a las explotaciones de capital chino en Catamarca, evaluó que al haber entre 40 y 60 técnicos de ese origen, es lógico “que haya algún tipo de señalización en ese idioma más en zonas donde hay riesgo de accidentes, los carteles deben estar”.

En cuanto a las concesiones conocidas “de por vida” (por el alcance de la explotación), la senadora opinó que es algo “que se puede modificar: hacer como sucede con el petróleo que se negocia por una cantidad de años” y cumplido ese plazo “se vuelve a renegociar”. Es algo que “puede modificarse sí, pero siempre defendemos la estabilidad de los contratos por 30 años”; a lo que sumó que “lo del litio es un boom hoy del que se habla mucho y que dentro de algunos años pasen a otros materiales o se encuentren otros modos de fabricación de baterías, pero debe tenerse en cuenta que las concesiones deben ser de 20 a 30 años por lo que ya demanda el tiempo de construcción de las plantas de producción y la puesta en marcha”.

Consultada por Catamarca/12 sobre las demandas de sectores sociales y ambientalistas de los territorios afectados por la explotación, acerca de las consecuencias más negativas que positivas en cuanto a lo ambiental, económico y social, Corpacci tomó como ejemplo La Alumbrera “del que se aprendió lo bueno y lo malo, y se pusieron expectativas imposibles de cumplir porque con ese yacimiento no todos los catamarqueños se iban a hacer ricos”.

Además, indicó que en ese período “no hubo control por parte del Estado (provincial) y eso hizo que durante mucho tiempo los trabajadores fueron más tucumanos que catamarqueños, que las regalías no se hayan utilizado correctamente en una época donde ingreso mucho dinero a la provincia”.

“Ahora –enfatizó- el tema es qué se hizo con esos fondos”.

En este marco, la senadora consideró que desde entonces a la fecha el manejo “fue cambiando notablemente y la secretaría de Minería, a través de su policía minera, realizó controles exhaustivos en los yacimientos existentes; puso centros de información en los departamentos mineros adonde la gente puede acercarse y consultar”.

De hecho, las comunidades “en muchas oportunidades fueron parte de la toma de muestras de agua, cuando hicieron sus planteos se los escuchó y se lo trató de solucionar; (se enfatizó) en la declaración de impacto ambiental que deben hacer las empresas; (hubo) asambleas donde la comunidad decidió qué es lo que quiere hacer con esos recursos, y básicamente, hubo un cálculo diferente de lo que las empresas mineras dejan en nuestra provincia”.

Corpacci fue tajante al señalar que las “reglas de juego cambiaron”. Porque desde 2017 con la firma de un nuevo contrato de producción con Livent “pasamos de cobrar un 3 por ciento de regalías boca-mina (que simplemente es una declaración jurada), a cobrar un dos por ciento del monto de facturación más adicional compensatorio, más un 1.5 de un fideicomiso para realizar obra en la zona minera y más un 0.03 por ciento de la facturación como responsabilidad social empresarial que hasta esa fecha, se abonaba a criterio de la empresa y sin rendir cuentas”.

“Todo esto – aseguró – hace que Catamarca haya prácticamente duplicado los recursos que obtiene de la minería”.

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