El crudo testimonio de Estela de Carlotto ante la Comisión de Juicio Político de Diputados.

«La Corte falló favoreciendo a los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia.

La referente de los Derechos Humanos hizo un repaso del marcado cambio enfoque de la Corte Suprema: de la anulación de los decretos de Punto Final y Obediencia Debida al fallo «Muiña», de la actual composición del máximo tribunal, que le abrió «la puerta de la libertad a los genocidas», según comentó Carlotto.

Por Maria Cafferrata.

. Imagen: Guadalupe Lombardo

A modo de cierre del caso del fallo del 2×1 para genocidas, el más sensibles en la investigación a los jueces de la Corte Suprema, la comisión de Juicio Político de Diputados escuchó los testimonios de Estela de Carlotto y Germán Garavano sobre el fallo que representó un antes y un después en el reclamo de memoria, verdad y justicia. «Fallaron favoreciendo a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia», cuestionó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El exministro de Justicia de Mauricio Macri, mientras tanto, había sido convocado para dar cuenta de una de las principales hipótesis del Frente de Todos: que hubo una negociación orquestada por el gobierno de Cambiemos y Carlos Rosenkrantz para que el fallo que benefició al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña, pudiera salir en 2017. Hábil declarante, Garavano primero se amparó en su derecho a no declarar contra sí mismo para, luego, pasar a negar sistemáticamente cada una de las acusaciones del oficialismo. No perdió oportunidad, a su vez, de desentenderse de varias de las decisiones que adoptó el gobierno de Macri, como la designación por decreto de Rosenkrantz y Horacio Rosatti. «Si fuera mi ministro de Justicia lo echaría: no se hizo responsable de nada», ironizó un diputado kirchnerista.

Si Garavano había sido citado por su supuesta intervención para que el 2×1 a los genocidas pudiera salir, Estela de Carlotto había sido invitada para dar cuenta de las consecuencias sociales que había tenido. «Todos recordamos lo que significó ese fallo que le abrió la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como a aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria», declaró Estela, quien llegó acompañada del abogado Emanuel Lovelli. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo pidió permiso para leer su testimonio, hilvanando los avances de las causas de los delitos de lesa humanidad hasta que, en 2015, «las cosas empezaron a cambiar».

«La situación que fue tornando este escenario desde la Corte Suprema fue moldeada desde la escandalosa irrupción de Rosenkrantz y Rosatti al Tribunal Supremo a través de un decreto», precisó, destacando que en su aceptación a ser designados por DNU había dejado «de manifiesto su actitud de menosprecio al proceso constitucional». Como primer indicio de «lo que iba a suceder después», mencionó el fallo Fontevecchia, de febrero de 2017. «En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada a acatar las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», señaló. Luego, en abril 2017, el fallo Alespeit, por el cual se le concedió la prisión domiciliaria al exmilitar Felipe Jorge Alespeit, y finalmente, en mayo, «ese intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismo de derechos humanos: el fallo Muiña».

Estela, con sus 92 años, solicitó, luego de leer su discurso, que las preguntas se la hicieran a Lovelli. Esto generó un roce con les diputados de Juntos por el Cambio, por lo que el oficialismo terminó definiendo que no se harían preguntas. «Pienso que tengo la obligación de despedirme deseando lo mejor para todos porque en Argentina todos somos argentinos. No hay enemistad, hay diferencias. Las diferencian nos diferencian, no nos hacen enemigos», cerró Estela, entre los aplausos del FdT. Garavano, incluso, se acercó a saludarla antes de que se retirara, le dio la mano, le agradeció sus palabras y Estela, cálida, lo despidió con una broma.

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Las negaciones de Garavano

Desde el momento que se sentó al lado de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, Germán Garavano se mostró cómodo, casi risueño. «Lamento las circunstancias pero es un gusto estar en la casa del pueblo», aseguró, sonriente, el exministro de Justicia de Macri que es identificado por el FdT como quien articuló para que Elena Highton, a cambio de que el gobierno macrista no apelara el fallo que le permitía seguir en su cargo después de haber cumplido los 75 años, aportara el voto clave para que el 2×1 pudiera salir. Inmediatamente después, hizo la primera advertencia: «Yo he sido falsamente denunciado en sede penal por muchos de los hechos abordados en la comisión. Esto genera un problema con el artículo 18 de la Constitución y me pone en una situación difícil a la hora de prestar testimonio».

Esta estrategia, sin embargo, duró poco. Solo cuando Leopoldo Moreau le consultó por la existencia de un plan sistemático del gobierno macrista para presionar jueces y perseguir opositores, Garavano se amparó en su derecho a no declarar contra sí mismo. «Pero si la presidencia me ordena que responda la pregunta…», deslizó, provocador, a lo que Gaillard se negó. Luego, Moreau le fue consultando puntualmente por algunos hechos -la reunión en la que se gestó la «Gestapo antisindical», el espionaje a los presos políticos de Ezeiza– y ante todo respondía, casi textualmente, lo mismo: «No tengo recuerdo/conocimiento».

Varias desmentidas después, Rodolfo Tailhade tomó la posta y le consultó por qué su gobierno no había apelado el fallo que habilitaba a Highton continuar siendo jueza de la Corte aún después de cumplir los 75 años. «El funcionario encargado era (el entonces director de Asuntos Jurídicos) Horacio Diez», se desentendió Garavano. «Diez nos dijo que recibió instrucciones de (el secretario de Justicia) Otamendi», le respondió Tailhade. «No recuerdo eso», le respondió el desmemoriado exministro de Justicia, y pasó a argumentar que se habían valido de dos antecedentes –el fallo Fayt y el fallo Petracchi– para no apelar. «Entendiendo la obsesión del gobierno que usted integró con los temas judiciales me hace difícil creer que no sabía nada», cuestionó Tailhade, irritado ante la insistencia de Garavano de que la responsabilidad de no apelar un fallo que afectaba a una jueza de la Corte había quedado en manos de Diez (un subordinado). En ese momento, comenzaron los gritos de JxC.

«No se interroga de esta manera», le gritó Juan Manuel López, presidente de la bancada de la Coalición Cívica. La postura de la CC, sin embargo, no era cómoda. Enfrentados históricamente con Garavano –contra quien, incluso, impulsaron un pedido de juicio político–, el partido de Elisa Carrió había terminado optando por defenderlo frente al interrogatorio oficialista. «La CC dio marcha atrás. Hoy demostraron que prefieren defender a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda que avanzar contra Lorenzetti», acusó un diputado oficialista. «Cuando tuvimos diferencias en nuestra alianza no fuimos a los medios a hablar de funcionarios que no funcionan, utilizamos las herramientas que teníamos con respeto a nuestra fuerza política. Y el FdT no acompañó el juicio político, entonces a llorar a la llorería», respondió a las chicanas Paula Oliveto (CC).

El FdT luego lo consultó por su vínculo con Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el prófugo operador judicial del macrismo que es identificado como uno de los integrantes de la mesa judicial que «traficaba sentencias». Rápido, sin embargo, Garavano aprovechó para señalar sus diferencias con «Pepín» en lo referido, por ejemplo, a la designación por decreto de Rosatti y Rosenkrantz. Y, de paso, aprovechó también para señalar que él no había estado de acuerdo con el fallo del 2×1.

Ya sobre el final, un último acting: «Me produce pesar el desarrollo de este juicio político y es algo que me afecta personalmente en términos de preocupación por las instituciones de nuestro país», se lamentó Garavano, luego de mantener varios cruces con Tailhade. «Parecen amigos de jardín de infantes», ironizó una diputada macrista, fuera del micrófono. «Somos compañeros de mediación con el diputado», explicó, entre risas, Garavano, quien hace cinco años había denunciado al diputado kirchnerista por «daños y prejuicios». Luego, cuando llegó el momento de los testimonios de los periodistas, se levantó y se despidió personalmente de cada diputade kirchnerista.

La declaración completa de Carlotto

Sres Diputados, Sras Diputadas: vengo en nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo ante la convocatoria de esta comisión de juicio político para testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional.

Como muchos de ustedes sabrán, las Abuelas venimos recorriendo Tribunales desde antes de nuestra creación como institución. Primero cada una de nosotras en soledad ante la desaparición del hijo, de la hija, y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas.

Luego la historia es más conocida y las Abuelas se juntaron, yo llegué poquitos meses después, y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y de provincia, distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencidas de que la lucha debía ser colectiva.

Nuestra recorrida por los tribunales comenzó en dictadura y continuó obviamente en democracia, hasta nuestros días. Sin embargo, pese a lo auspicioso y esperanzador que fue el inicio del gobierno del Dr. Alfonsín y el Juicio a las Juntas, la sanción de las leyes de impunidad y su convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a excepción del ministro Bacqué) fueron un duro golpe para las víctimas y los familiares. Luego, en 2017, con el fallo “Muiña” volveríamos a experimentar esa sensación…

Aún en esos momentos de impunidad seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos, y nos encontramos con decisiones adversas pero que supimos respetar institucionalmente; convencidas de la verdad de nuestros reclamos fuimos a instancias internacionales que nos acompañaron. Y a partir de ser oídas en el exterior pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de justicia para nuestros desaparecidos. Primero con los Juicios por la Verdad, a fines de la década del ’90 y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura.

En 2004 la Corte con el fallo “Arancibia Clavel” nos dio una luz de esperanza que se terminó cristalizando en el año 2005 con el fallo que finalmente anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El fallo “Simón” tuvo como antecedente inmediato el juicio por la apropiación de nuestra nieta Claudia Poblete Hlaczik, cuando habiendo sido condenados sus apropiadores, quedó expuesta la insoportable impunidad de los secuestradores y torturadores de sus padres. Y esa fue la oportunidad que encontró la Corte para reivindicarse. Para nosotras fue una enorme satisfacción que la lucha por nuestros nietos y nietas sirviera para que el Máximo Tribunal pusiera las cosas en su lugar, y confirmar que el camino del sistema Interamericano no había sido en vano.

A partir de allí entonces vimos cómo en todo el país empezaron a juzgarse a los responsables de los crímenes de la dictadura por sus jueces naturales y con todas las garantías del debido proceso. Y pese a que en este proceso de juzgamiento hubo falencias, dificultades y obviamente sentencias con las que no estuvimos de acuerdo; ya no dudamos del compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la Verdad y de la Justicia.

Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar a fines de 2015.

La situación que fue tornando este escenario desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue moldeada desde la escandalosa irrupción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Tribunal Supremo a través del decreto 83/15 firmado por el entonces presidente, Mauricio Macri, ni bien comenzó su gobierno, echando mano al art. 99 inc. 19 de la Constitución Nacional, referente a nombramientos en comisión en caso de vacantes en empleos durante el receso legislativo.

Si bien es cierto que luego de los innumerables repudios que recibió la decisión de Macri, como así también la de los propios Rosenkrantz y Rosatti por haber aceptado las designaciones, finalmente los pliegos de los hoy jueces pasaron por el juego constitucional que requiere el 99 inc. 4 CN, más el decreto 222/03. Sin embargo, lo que quedó de manifiesto fue la actitud de menosprecio al proceso constitucional-deliberativo que prescribe la Carta Magna por parte de los hoy magistrados, justamente del máximo Tribunal.

Ese vicio de origen de desprecio institucional, pese a la subsanación posterior, parece haber sido una marca indeleble que se fue reproduciendo en decisiones de la Corte buscando horadar el consagrado proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Como un aviso de lo que iba a suceder después, debemos remontarnos a febrero de 2017: el fallo “Fontevecchia”. En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino, y su propia jurisprudencia, como los fallos “Espósito” y “Derecho”.

Pero más allá de lo que ocurrió en relación al aspecto puntual que se debatía en “Fontevecchia”, lo más peligroso fue el mensaje que dio la Corte a través del fallo: el de una pretendida relatividad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su eficacia. Recordemos que fallos de la Corte Interamericana tales como “Velázquez Rodríguez”, “Barrios Altos”, “Almonacid Arellano” fueron determinantes en el proceso de justicia por crímenes de Lesa Humanidad en nuestro país y la Corte Suprema de aquellos momentos decidió tomarlos, siendo ejemplo categórico el célebre fallo SIMON de 2005 que ya mencionamos.

Sin embargo, en Fontevecchia la Corte advirtió que no se iba a sentir obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana y que las obligaciones asumidas por el estado argentino en materia de Derechos Humanos serían interpretadas desde los propios despachos de Sus Señorías. No se iban a sentir exigidos por el Sistema Interamericano, ni por el 75 inc. 22 de la Constitución Nacional sino por sus propias conveniencias.

En este derrotero no podemos dejar de señalar que el 18 de abril de ese 2017, la Corte se pronunció en el fallo “Alespeiti”, por el cual concedió la prisión domiciliaria al ex militar Felipe Jorge Alespeiti, quien ya había sido condenado a 22 años de prisión, revocando para ello la resolución de la Cámara Federal de Casación.

Lo que resultó llamativo es que la Corte allí, como luego lo haría en el fallo “Muiña”, eligió fallar. ¿Y por qué resulta llamativo esto? Porque en la casi todos los expedientes que no revisten una marcada gravedad institucional, la Corte en uso de sus facultades, los desestima sin tratamiento. (de hecho, así lo entendió Highton en su disidencia)

Sin embargo, en “Alespeiti”, siendo el caso sobre el pedido de una prisión domiciliaria como tantas otras, el Máximo Tribunal tomó el caso para resolver sin plasmar un estándar general (cómo si lo había hecho en otros precedentes) que al menos hubiera justificado su decisión de intervenir.

Paradójicamente luego de lo dicho en “Fontevecchia” en este fallo fue nombrada como cita de autoridad tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, remarcando la importancia de los juicios en general, pero favoreciendo a Alespeiti en particular, y con el pleno conocimiento de que este precedente sería luego invocado por todas las defensas de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Y luego, sólo dos semanas después, el 3 de mayo de ese 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismo de derechos humanos: el fallo MUIÑA.

Todos recordamos lo que significaba ese fallo, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como a aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria.

Y el fallo también desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton ya que el resultado que propugnaron en “Muiña”, además de la absurda aplicación de la ley 24.390, lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la propia Corte es cúspide.

A diferencia de lo que escribieron en el fallo Alespeiti, en “Muiña” con la aplicación del 2×1 sí esbozaron un estándar general y de esta manera los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton (quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos) fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario.

Al mismo tiempo subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo, y a la reacción política de este Parlamento, que en tiempo récord, aprobó la ley interpretativa 27632, consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente.

Y no podemos dejar de destacar que la inmensa mayoría de los tribunales inferiores a la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña, con anterioridad a la aprobación de la ley 27632, contraviniendo como nunca antes en la historia judicial argentina una decisión suprema.

Ante este estado de situación, Rosatti y Highton debieron volver sobre sus pasos, echando mano a esa nueva ley, pese a que la misma no había hecho más que recoger precedentes que la propia Corte ya había ponderado en fallos anteriores, paradójicamente firmados todos por Highton.

Rosenkrantz por su parte se mantuvo en su voto, del mismo modo que Lorenzetti y Maqueda, quienes ya habían desechado la aplicación de la ley 24.390.

En síntesis, podemos decir que entre febrero y mayo del 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cuerpo, pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en 2004, primero generando un acotamiento en las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo Fontevecchia, para luego plasmarlo en un caso individual pero de proyección ilimitada en “Alespeiti” y finalmente consagrarlo al establecer una norma de impunidad general en el fallo “Muiña”.

En otro orden no podemos dejar de señalar la lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia pero que no aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza, con todo lo que eso implica. Si bien el Máximo Tribunal podrá exceptuarse en las habituales demoras de la Cámara Federal de Casación Penal para la resolución de sus recursos no menos cierto es que la Corte (más allá de algún reto puntual) jamás ejerció una labor de superintendencia que acotara los tiempos de la Casación o regulara sus propios plazos. De modo que al desentenderse de esas demoras, la propia Corte las consiente.

A modo de ejemplo llegamos al extremo de la muerte de Blaquier en marzo de este año, como una expresión de impunidad biológica amparada por la Corte y su pereza voluntaria.

O el caso de los juicios por Centros Clandestinos de Detención de la jurisdicción de La Plata: ninguno de ellos se encuentra firme. Y la particularidad de la causa por el Circuito Camps (sentencia de 2012) donde la mayoría de los condenados ya han fallecido, entre otros Etchecolatz.

En una penosa sintonía la Corte jamás esbozó una mínima directiva general para optimizar los juicios; ni siquiera durante la pandemia sus acordadas brindaron una pauta clara para la tramitación de los juicios, pese a los reclamos ya no de las víctimas familiares, organismos y sino de los propios Tribunales Orales Federales que no sabían cómo garantizar la continuidad de los juicios ya iniciados y menos si podían iniciar los juicios pendientes.

Por último debemos hablar de la inactividad de la Comisión Interpoderes, ya que tampoco desde allí se implementó una política judicial adecuada o un mecanismo de consulta sincero a los organismos en el último tiempo. Desde su creación en 2009 fue un espacio de intercambio entre los organismos de derechos humanos y la diferentes Agencias del Estado abocadas a los juicios de lesa humanidad. Y su funcionamiento fue propicio para solucionar diferentes cuestiones logísticas, y también como receptor de las inquietudes de los diversos actores.

Dado que la Comisión no se reunía desde 2016, y en forma concordante a lo que dijimos líneas más arriba en mayo de 2020, las Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS solicitamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad (creada en diciembre de 2015) la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que el ministro Rosenkrantz en ejercicio de la presidencia de la Corte la convocó en octubre de 2020 en el medio de un conflicto político con el gobierno. Sabiendo que la reunión convocada no era más que una puesta en escena y una reacción del Juez ante su disputa con el gobierno, desde Abuelas decidimos no asistir a dicha reunión. Tan cierta fue nuestra sospecha acerca de esa convocatoria que luego de esa reunión, no hubo ninguna consecuencia, medida o acción concreta, y Rosenkrantz no volvió a convocarla. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti al día de hoy, tampoco lo ha hecho.

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