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La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante un acto oficial, en medio de la controversia por un decreto de emergencia cuestionado por su alcance institucional.

El decreto de emergencia promovido por Delcy Rodríguez reavivó el debate sobre los límites de las facultades extraordinarias y la protección de las garantías ciudadanas.

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La organización Acceso a la Justicia afirmó que el decreto de Delcy Rodríguez sobre los terremotos contradice disposiciones de la Constitución venezolana.

La ONG explicó que “al no estar fundamentado en el artículo 338 de la Constitución, que exige declarar un ‘Estado de Alarma’ para este tipo de calamidades, no es viable aplicar restricciones temporales al ejercicio de los derechos constitucionales, como está contemplado en el artículo 6 del decreto presidencial”.

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Organizaciones y sectores de la oposición cuestionan el alcance de la medida y sostienen que podría afectar derechos fundamentales, mientras el oficialismo defiende su aplicación en un contexto excepcional.

Los críticos sostienen que el decreto amplía facultades del Ejecutivo y podría restringir derechos sin suficientes mecanismos de control institucional.

La controversia ocurre en un clima de alta tensión política, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición por decisiones del Ejecutivo. En este contexto, el contenido y la implementación del decreto continuarán siendo objeto de análisis tanto en el ámbito político como en el jurídico.

Mientras continúan las diferencias, el futuro de la medida dependerá de su aplicación y de futuras revisiones institucionales correspondientes.

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