El problema del financiamiento del Estado conlleva interrogantes fundamentales sobre su rol y las necesidades que esperamos que este atienda mediante nuestros impuestos. En el caso específico de Argentina, la situación adquiere una complejidad particular. El país enfrenta desafíos estructurales en cuanto a la provisión de servicios básicos, como la seguridad, la salud y la educación, donde la insuficiencia estatal es evidente. A su vez, la creciente intervención estatal en la esfera privada genera un clima de incertidumbre para los emprendedores y limita la capacidad de desarrollo y crecimiento de las empresas. En este contexto, es necesario repensar el rol del Estado en la sociedad argentina, buscando un equilibrio que permita fortalecer las funciones esenciales del Estado sin coartar la iniciativa y la libertad individual, generando así las condiciones propicias para alcanzar el bienestar y la prosperidad general.
Desde la encíclica Quadragesimo Anno de 1931, la Iglesia Católica ha propuesto el concepto de subsidiariedad como guía, donde se plantea que el Estado debe permitir que los individuos, las familias y los grupos sociales resuelvan asuntos a su alcance, para así concentrarse en temas que demanden su acción, supervisión o subsidio.
La pensadora francesa Chantal Delsol ha explicado cómo, en el siglo XIX, en Alemania y Francia, dos visiones contrapuestas sobre el alcance del Estado moldearon el desarrollo de este concepto en Europa. A través de obras como «La Constitución alemana» de Hegel y «El Antiguo Régimen y la Revolución» de Tocqueville, se presentaron diagnósticos sobre la situación estatal en dichos países.
Hegel mostraba preocupación por un Estado que no cumplía adecuadamente su función esencial de mantener la seguridad interna y externa. Observaba una «desintegración» estatal en Alemania, donde cada interés particular se separaba del todo. Por ello, abogaba por concentrar los poderes relevantes en un centro que tuviera la autoridad necesaria para afirmarse.
Por otro lado, Tocqueville notaba cómo en Francia, tanto antes como después de la Revolución, el gobierno asumía la responsabilidad de todos los asuntos públicos, desde los más insignificantes hasta los más trascendentales. En una sociedad donde la administración pública abarcaba diversos ámbitos, los franceses dependían en gran medida del gobierno para resolver sus asuntos, impulsar su industria y garantizar su subsistencia.
En la actualidad, surge la interrogante sobre la situación del Estado. ¿Nos enfrentamos a un Estado, como preocupaba a Hegel, que no logra cumplir sus funciones propias? ¿O más bien, enfrentamos un Estado, como temía Tocqueville, que invade nuestras competencias y limita nuestras capacidades?
Siguiendo la línea de pensamiento de Hegel, es probable que él compartiera la preocupación planteada en este marco socio cultural cambiante de la posmodernidad. Hegel destacaba la importancia de que el Estado cumpliera su rol esencial, entre ellos, el de mantener la seguridad interna y externa. Sin embargo, también se mostraba preocupado por la desintegración estatal y la fragmentación de intereses particulares que podrían obstaculizar el cumplimiento de sus funciones, una preocupación que hace eco en politólogos, economistas y pensadores actuales.
En este sentido, Hegel podría haber advertido sobre los peligros de una burocracia excesiva y la multiplicidad de regulaciones y trámites burocráticos. Para él, un Estado que se enreda en un entramado burocrático asfixiante podría perder su capacidad de acción efectiva y dificultar la iniciativa individual, limitando así la creatividad y la generación de empleo.
Se debe abogar por un equilibrio entre la acción estatal necesaria para cumplir sus funciones esenciales y la libertad de acción de los individuos y las empresas. La concentración de los poderes relevantes en un centro con el poder necesario era una manera de asegurar que el Estado pudiera afirmarse como tal, pero sin caer en un exceso de intervención que coartara la iniciativa y la libertad individual.
En este sentido, se podria concebir la la idea de encontrar un equilibrio adecuado en la intervención estatal, evitando que se convierta en una barrera para la creación, el crecimiento empresarial y la generación de empleo. Para ello indispensablemente deberia dejarse de lado los egos politicos y las artimañas empresariales en un intento conjunto de reforzar la estructura estatal, social y privada y en ese caso sería fundamental que el Estado desempeñara su función de manera efectiva, sin inmiscuirse en exceso en los asuntos privados, de manera que se promueva la iniciativa individual y se fomente la actividad económica y la prosperidad general.
La realidad actual argentina parece ser una paradoja. Por un lado, el Estado no satisface de manera suficiente necesidades primordiales como seguridad, salud, educación, defensa, justicia, acceso a la vivienda, protección social y laboral. Existe una sensación de insuficiencia en la provisión, facilidad y subsidio por parte del Estado en aspectos que no podemos abordar por nuestros propios medios Sin embargo, paradójicamente, el Estado se expande y se entromete en acciones privadas, regulando e imponiendo normas, reglamentaciones y tasas que afectan nuestra iniciativa, creatividad y actividades individuales. En lugar de promover el principio de subsidiariedad, el Estado parece invadir esferas que se podria gestionar por cuenta propia como individuos y grupos sociales.
Cuando nos referimos al rol del Estado en la actualidad, resulta imprescindible analizar en detalle tanto sus áreas de insuficiencia como su creciente intervención en la esfera privada de los individuos.
En lo que respecta a las áreas de insuficiencia, podemos señalar la seguridad. Muchos ciudadanos experimentan una sensación de vulnerabilidad ante el aumento de la delincuencia y la incapacidad del Estado para garantizar un entorno seguro. La seguridad financiera y como muchos ciudadanos no tienen capacidad de ahorro o inversion sobre sus ganancias, en el ámbito de la salud, los sistemas públicos a menudo se ven desbordados, lo que genera largas listas de espera y dificultades para acceder a tratamientos y servicios médicos necesarios, la educación pública presenta deficiencias en términos de calidad y equidad, dejando a muchos estudiantes sin acceso a una formación adecuada.
Estos ejemplos evidencian una brecha entre las necesidades de la población y la capacidad del Estado para satisfacerlas.
Por otro lado, la creciente intervención estatal en la esfera privada se hace patente a través de múltiples organismos, regulaciones y tasas que limitan la iniciativa individual y restringen la libertad de acción. Por ejemplo, excesivas regulaciones burocráticas dificultan el establecimiento y crecimiento de emprendimientos, frenando el desarrollo económico y la generación de empleo. Del mismo modo, la imposición de altas cargas tributarias a los ciudadanos y empresas puede desincentivar la inversión y el ahorro, afectando negativamente el crecimiento económico.
Es fundamental recordar que la acción del Estado no puede ni debe suplantar las responsabilidades y capacidades de los individuos y la sociedad civil. Los ciudadanos, a través de sus propias iniciativas y organizaciones, pueden contribuir de manera significativa al bienestar colectivo. Por ejemplo, en muchas comunidades existen organizaciones voluntarias que brindan apoyo social a los más necesitados, demostrando que la solidaridad y la colaboración pueden suplir ciertas carencias estatales. Es necesario repensar el rol del Estado en nuestra sociedad. Si bien es indispensable contar con un Estado eficiente y capaz de atender las necesidades esenciales de los ciudadanos, también es fundamental promover la autonomía y la responsabilidad individual. La subsidiariedad debe ser el principio rector, permitiendo que las personas, las familias y los grupos sociales asuman la responsabilidad en aquellos ámbitos en los que son competentes, al tiempo que el Estado se focaliza en garantizar un entorno seguro, una educación de calidad, una atención médica accesible y otros servicios esenciales que contribuyan al bienestar general.
En el debate sobre las necesidades de financiamiento del Estado, la pregunta fundamental no debería ser si necesitamos más o menos Estado, sino para qué lo necesitamos. ¿Cuáles son las funciones esenciales que debe cumplir para el bienestar común y cuáles pueden ser asumidas por los ciudadanos, ya sea de manera individual o a través de la participación en familias, grupos, clubes, iglesias o cooperativas, generando las condiciones que permitan alcanzar nuestra plena realización.
En este sentido, es importante reflexionar sobre las funciones prioritarias que el Estado debe desempeñar para garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la seguridad interna y externa es una responsabilidad fundamental del Estado, ya que sin un entorno seguro, no se pueden desarrollar plenamente otras áreas de la vida social. Asimismo, el Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a servicios básicos como salud y educación, que son pilares fundamentales para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades.
No obstante, es crucial encontrar un equilibrio adecuado. El exceso de intervención estatal puede resultar en una burocracia asfixiante que obstaculiza la iniciativa individual y frena la creatividad. La multiplicidad de regulaciones y trámites burocráticos excesivos puede convertirse en una barrera para la creación y el crecimiento de empresas, limitando el emprendimiento y la generación de empleo. En este contexto, es esencial fomentar la participación ciudadana y el fortalecimiento de las entidades intermedias, como organizaciones comunitarias, clubes, iglesias y cooperativas. Estas instituciones pueden desempeñar un papel crucial en la satisfacción de necesidades específicas de la sociedad, promoviendo la solidaridad y la colaboración entre los ciudadanos.
Ademas y como forma de control es necesario replantear la forma en que se asignan los recursos públicos. Una gestión eficiente y transparente del presupuesto estatal es esencial para garantizar que los fondos sean utilizados de manera efectiva y en beneficio de la población. Asimismo, se deben implementar políticas que fomenten la rendición de cuentas y combatan la corrupción, para evitar el mal uso de los recursos públicos.
El debate sobre el financiamiento del Estado nos lleva a reflexionar sobre su rol y las necesidades que debe atender. Es fundamental buscar un equilibrio entre la acción estatal necesaria para garantizar el bienestar común y la autonomía individual y colectiva. El principio de subsidiariedad puede servir como guía para definir cuáles son las responsabilidades propias del Estado y cuáles pueden ser asumidas por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.
Así, podremos construir una sociedad en la que tanto el Estado como los ciudadanos trabajen juntos para alcanzar el bien común y promover el pleno desarrollo de cada individuo.
German Vallejos es Lic. en Comunicador Social; Socio Fundador de la ONG «Estrategias para el Bien Comun» de la ciudad de Ushuaia.
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