El plan despertó dudas sobre la aplicación de la Ley de Ciberseguridad china y el posible acceso de servicios de inteligencia a datos regionales
Chile avanzó silenciosamente en un proyecto de infraestructura digital que podría tener implicaciones profundas para la soberanía de datos en América Latina. Se trata del llamado «Chile–China Express», un cable submarino propuesto que conectaría las costas chilenas con Hong Kong. Aunque a simple vista podría parecer un emprendimiento técnico más en la expansión global de las telecomunicaciones, lo cierto es que este plan se diferencia por la opacidad con la que se lo ha manejado y por los riesgos que se desprenden de la legislación china en materia de seguridad cibernética e inteligencia.
El proyecto Chile–China Express apareció en un registros de la industria como una iniciativa «en progreso» a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales. El problema central es que no se trata de un cable cualquiera, sino de un proyecto que coloca a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica.
Por otro lado, La Ley de Ciberseguridad (CSL) estableció requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica. A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exigió la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.
La naturaleza transnacional de los cables convirtió a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. Así como las decisiones de endeudamiento de Ecuador en la década pasada tuvieron consecuencias en toda la cuenca del Pacífico, pues influyeron en los flujos de petróleo hacia Asia–Pacífico, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.
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