Lo esencial-América Latina: El presidente Daniel Noboa convocó el viernes 19 de septiembre un referendo en Ecuador para decidir si se permite el restablecimiento de bases militares extranjeras y una consulta sobre si se conforma una Asamblea Constituyente. La convocatoria se hizo sin el aval de la Corte Constitucional, con la que Noboa mantiene una pugna, y en medio de protestas por el retiro de los subsidios al diésel.
El presidente Daniel Noboa quiere que el pueblo de Ecuador responda si está de acuerdo o no con eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país suramericano. Para ello, emitió un decreto este viernes en el que llama al Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciar el proceso para llamar a las urnas a cerca de 14 millones de ciudadanos que conforman el censo electoral.
«La situación de seguridad en Ecuador requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades de crimen organizado», justificó el Gobierno de Noboa en el decreto.
El artículo 5 de la Constitución ecuatoriana prohíbe “el establecimiento de bases militares extranjeras” y la cesión de «bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras».
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La aprobación de la actual Carta Magna en 2008, bajo el primer mandato del izquierdista Rafael Correa, supuso un año más tarde el cierre de la base militar estadounidense Eloy Alfar, operativa en la ciudad de Manta desde 1999.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en una reciente visita oficial a Quito que la Administración de Donald Trump está abierta a evaluar la reinstalación de una base militar en territorio ecuatoriano si el Gobierno le plantea esta posibilidad oficialmente.
Nueva Constitución
El regreso de las bases militares no es el único tema por el que Noboa quiere convocar a la ciudadanía a las urnas. Mediante el decreto 148 de su Gobierno, publicado también este viernes, el presidente abrió la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para renovar la Carta Magna.
La Asamblea Constituyente es una de las promesas de campaña más repetidas por Noboa, quien fue reelegido para un periodo completo (2025-2029), tras llegar abruptamente al poder en 2023, a causa de una disolución del parlamento ejecutada por Guillermo Lasso.
La Asamblea Constituyente, según el plan de Noboa, estaría conformada por 80 personas, entre ellas 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y seis en el exterior. El órgano estaría activo por un periodo de seis meses, con la posibilidad de una ampliación de dos meses más.
Pero, según la Constitución, una consulta popular solo puede ser convocada después de que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable sobre la viabilidad de las preguntas.
Sin embargo, el presidente no envió las preguntas a la corte. En lugar de eso, citó otro artículo de la Constitución en el que se señala que la Asamblea Constituyente solo puede ser convocada mediante consulta popular y que esa consulta podrá ser solicitada por el presidente, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el 12 % de las personas inscritas en el registro electoral.
Noboa desafía a la Corte Constitucional
La estrategia de Noboa de instar al CNE de convocar la consulta popular sin esperar el visto bueno de la Corte Constitucional ahonda aún más la brecha entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
La Corte Constitucional suspendió en agosto varios artículos de tres leyes impulsadas por Noboa –Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública–, lo que generó un choque entre ambos.
«La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano», afirmó la Presidencia en un comunicado de prensa emitido este viernes.
Con EFE, AFP y medios locales
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