Su abogado defensor apeló la medida que establece un monto millonario de fianza. Mientras tanto, la funcionaria cumple con el arresto domiciliario, bajo monitoreo de una tobillera electrónica en su residencia.
La decisión de Arroyo Salgado se dio a conocer tras la orden de excarcelación emitida por la Cámara Federal de San Martín el lunes pasado.
La funcionaria bonaerense Alesia Abaigar permanece bajo arresto domiciliario luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, estableciera una fianza de 30 millones de pesos para su excarcelación. La joven está imputada por haber arrojado excrementos en el domicilio del diputado José Luis Espert.
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La decisión de Arroyo Salgado se dio a conocer tras la orden de excarcelación emitida por la Cámara Federal de San Martín el lunes pasado. Sin embargo, la efectivización de la medida quedó supeditada al pago de la caución fijada.
Además, una vez otorgada la excarcelación, la jueza de San Isidro dispuso que Abaigar se presente una vez por semana en su Juzgado.
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La defensa de Abaigar, a cargo del abogado Daniel Llermanos, apeló la cifra millonaria de la caución ante la Cámara Federal de San Martín. Esto implica que el Tribunal de Apelaciones deberá revisar nuevamente el caso y expedirse sobre la suma impuesta.
Días atrás, el letrado había solicitado una caución juratoria, un tipo de fianza donde la persona se compromete bajo juramento a cumplir con las condiciones impuestas por la justicia, sin la necesidad de depositar una suma de dinero. Sin embargo, la Cámara Federal había dejado a criterio de la magistrada la determinación del tipo de fianza y las condiciones para la excarcelación.
Mientras la apelación se resuelve, la funcionaria continúa cumpliendo con el arresto domiciliario, bajo monitoreo de una tobillera electrónica en su residencia.
Abaigar se encuentra imputada por los delitos de «atentado contra el orden público, en concurso ideal con amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas«. Estas calificaciones refieren a la presunta comisión de actos que afectaron la tranquilidad pública y generaron un clima de hostilidad hacia una figura política.
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La orden de excarcelación original, emitida por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones de la Cámara de Apelaciones de San Martín, se fundamentó en que no se identificaron riesgos que pudieran obstaculizar la investigación. Los magistrados señalaron que «no se advierte» la existencia de diligencias probatorias que pudieran verse frustradas si la imputada recuperaba su libertad ambulatoria.
Asimismo, la Cámara Federal de San Martín evaluó que no existía riesgo de fuga por parte de Abaigar, lo cual fue un factor determinante en su decisión de conceder la excarcelación. Este criterio se basa en la consideración de arraigo y la ausencia de indicios que sugieran la intención de eludir la acción de la justicia.
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