Por primera vez se aplicará la ley de juicio en ausencia en un caso de terrorismo en Argentina. Rafecas busca evitar que el crimen quede impune.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió que se implementará el juicio en ausencia contra diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos, y que permanece impune tras 31 años.

- La decisión responde al pedido del fiscal Sebastián Basso, de la UFI AMIA, y de las querellas, quienes invocaron la Ley 27.784, sancionada en 2025, que permite avanzar en procesos penales contra acusados que eluden sistemáticamente a la justicia.
- Rafecas, en una resolución de 148 páginas, destacó que los imputados, declarados rebeldes hace años, conocen los cargos en su contra y han ignorado reiterados pedidos de extradición.
Los acusados, entre ellos Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, son exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah, señalados como responsables de planificar y ejecutar el ataque terrorista. Según la investigación, el atentado fue organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico de Hezbollah en Argentina y la Triple Frontera. La resolución judicial rechazó las objeciones de la defensa oficial, que cuestionó la constitucionalidad de la ley, argumentando que el juicio en ausencia no vulnera el debido proceso ni el derecho de defensa, garantizando incluso la revisión de la sentencia si los acusados comparecieran posteriormente.
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La Ley 27.784 establece que el juicio en ausencia procede cuando los imputados, conscientes del proceso, no se presentan y han eludido la justicia tras intentos razonables de hacerlos comparecer, como órdenes de captura o pedidos de extradición denegados. En este caso, los acusados fueron declarados rebeldes desde 2006, y algunos, como Salman Raouf Salman, desde 2010. La resolución subraya que todos tienen pleno conocimiento de la causa, evidenciado por la difusión internacional del caso, las notificaciones rojas de Interpol y hasta declaraciones públicas de los propios imputados. Este marco legal busca evitar que crímenes graves queden impunes por la ausencia de los responsables.
El atentado, perpetrado con un coche-bomba que contenía entre 300 y 400 kilogramos de explosivos, tuvo un claro propósito discriminatorio contra la comunidad judía argentina y el Estado de Israel. La investigación determinó que la decisión se tomó en 1993 en Irán, durante una reunión del «Comité de Asuntos Especiales», liderada por el Líder Supremo Alí Khamenei, quien emitió la orden ejecutiva. La logística local fue coordinada por Mohsen Rabbani, con una red de inteligencia basada en la mezquita At-Tauhíd en Buenos Aires y apoyo de Hezbollah en la Triple Frontera, donde operaba Salman Raouf Salman.
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Rafecas fundamentó que los juicios en ausencia son esenciales en casos de crímenes internacionales graves, como terrorismo, para garantizar justicia a las víctimas y evitar que los responsables, a menudo líderes con recursos para evadir la captura, queden impunes.
La sentencia en ausencia puede aumentar la presión internacional para su detención y fortalecer la confianza en el sistema judicial. Ahora, el juez espera el pedido del fiscal Basso para cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio oral, un paso crucial para responder a las víctimas tras décadas de espera.

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