Exfuncionaria clave en prevención de lavado advierte que, sin ley, el blanqueo es un riesgo. UIF, AFIP y GAFI en el centro de una trama explosiva.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, analizó las recientes medidas del Gobierno para incentivar el uso de dólares no declarados.
- A una semana de la publicación de un decreto y cuatro resoluciones, persisten obstáculos debido a la resistencia de gobernadores, la falta de certeza jurídica y la demora en ajustes normativos de la UIF.
- Talerico advirtió, en una entrevista con el diario Clarín, que sin una ley que respalde el régimen, el fisco podría reclamar impuestos, generando inseguridad para los ciudadanos.
Talerico cuestionó el impacto de los anuncios, que calificó de «exagerados» y generadores de alertas por posibles riesgos de lavado de activos. Según explicó, el Fondo Monetario Internacional expresó preocupación por el cumplimiento de estándares internacionales, mientras la UIF planea adaptar umbrales, como elevar de US$ 5.000 a US$ 10.000 el tope para reportar movimientos de efectivo. Sin embargo, aclaró que los controles de prevención de lavado no se relajarán, y sectores como inmobiliarias y escribanos seguirán obligados a reportar operaciones sospechosas.
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La experta destacó que Argentina está bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con un informe clave previsto para febrero de 2026 en París. Aunque la UIF no puede eliminar a los sujetos obligados por decreto, adaptará umbrales sin comprometer los estándares internacionales. Talerico enfatizó que los bancos continuarán reportando operaciones, pero la Agencia de Recaudación de la Ciudad (ARCA) perderá información automática, lo que podría complicar la fiscalización si no se implementan reformas legales.

La falta de una ley que respalde el régimen simplificado de Ganancias genera incertidumbre. Talerico señaló que, sin seguridad jurídica, los ciudadanos dudarán en usar dólares no declarados, temiendo inspecciones fiscales. Además, provincias como Buenos Aires no adhirieron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que añade complejidad. Advirtió que, sin reformas legales, el fisco podría actuar de oficio, aplicando multas por inconsistencias patrimoniales o consumos no justificados.
En materia de lavado, Talerico alertó sobre riesgos como la posible manipulación política de la UIF o la eliminación de sujetos obligados, lo que podría llevar a Argentina a la «lista gris» del GAFI. Los reportes de operaciones sospechosas, que sumaron 250.000 en cinco años, son analizados según parámetros de riesgo, pero solo el 2% llega a instancias judiciales debido a la priorización de casos críticos. La UIF, afirmó, mantendrá su enfoque en la prevención, pero los cambios normativos deben alinearse con los estándares globales.
Finalmente, Talerico expresó preocupación por la posible resignación de controles fiscales si ARCA deja de recibir información automática sobre fondos declarados. Esto podría facilitar la evasión tributaria, especialmente sin una reforma integral que actualice la ley penal tributaria, el impuesto a las Ganancias y los procedimientos fiscales. La abogada subrayó que, sin un marco legal claro, las medidas del Gobierno no lograrán generar la confianza necesaria para que los argentinos saquen los dólares «del colchón».
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