Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate y titular de La Cachuera S.A. (productora de la yerba mate Amanda), expresó su visión sobre la situación actual del sector.
Saguier sostuvo que la desregulación es necesaria para premiar la eficiencia y que aquellos productores que no logren adaptarse deberán reconvertirse.
Es que desde que asumió Javier Milei, se desreguló casi por completo el rubro de producción e industrialización de la yerba mate. El DNU 70/2023 eliminó facultades vitales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y además de mantenerlo acéfalo, eliminó la mediación de precios entre las partes que arbitraba este instituto. Ahora, industriales compran yerba mate verde al precio que dispongan, incluso por debajo de los costos de producción.
Las últimas negociaciones se estuvieron dando en el orden de los 200 pesos por kilo de hoja verde, mientras se estipula un costo de producción de 360 pesos por kilo. Los productores piden valores más cercanos a los 500 pesos.
Con este panorama, los colonos yerbateros de Misiones volverán a las rutas para manifestar su descontento con esta situación, en la que consideran que están en la antesala de una desaparición masiva de productores, y que las tierras serán compradas por grandes industriales, capaces de elaborar e industrializar la producción.
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«Es doloroso, es cierto, porque vos antes tenías la seguridad de que te iban a pagar un precio más o menos bueno, aunque vos produzcas poco», afirmó Saguier. «Obviamente que va a haber una reconversión y obviamente aquellos a los que no le cierra el número van a abandonar la actividad, o se van a tener que reconvertir, que es lo que nosotros siempre decimos».
El empresario también señaló que la industria no es la que fija el precio de la materia prima, sino el consumidor: «El que manda es el consumidor, y si el consumidor paga un precio determinado, y eso después se va hacia abajo».
Tensión en el sector: los productores de yerba vuelven a las rutas
Por otro lado, los productores yerbateros de Misiones anunciaron una «Semana de Mayo de lucha», con movilizaciones y acampes para reclamar un precio justo por la hoja verde de yerba mate y la restitución de las facultades originales del instituto.
Además, denuncian que los pagos se realizan con cheques a 90 días, lo que agrava la situación financiera de los colonos. Las organizaciones Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) impulsan estas medidas de fuerza y reclaman una mayor intervención estatal para mediar entre los molinos y los productores.
«Como MAM y APAM ratificamos nuestro pleno acompañamiento a las familias yerbateras de Misiones. En esta Semana de Mayo nos sumaremos al grito colectivo de: ¡Precios Justos!», expresaron en un comunicado.
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La desregulación del INYM y la falta de una autoridad designada desde la asunción del presidente Javier Milei han profundizado las tensiones en el sector yerbatero. Mientras los industriales como Saguier defienden la necesidad de eficiencia y reconversión, los productores reclaman condiciones justas para poder sostener su actividad.
El conflicto continúa escalando, con movilizaciones previstas para los próximos días y una creciente demanda por soluciones que contemplen las realidades de todos los actores involucrados en la cadena productiva de la yerba mate.
El impacto del mega DNU de Javier Milei en la industria
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue creado en 2002 como un ente autárquico con sede en Posadas, Misiones, a partir de la Ley 25.564. Su función principal es regular y promover la actividad yerbatera, garantizando equilibrio entre productores, secaderos, molinos e industrias, en una cadena históricamente desigual.
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Una de sus atribuciones clave es fijar dos veces por año el precio mínimo de la hoja verde y la yerba canchada, tras un acuerdo entre todos los eslabones. Si no hay consenso, el laudo queda en manos de la Secretaría de Agricultura.
Con la publicación del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, ese sistema fue desmantelado. El decreto eliminó la potestad del INYM para fijar precios de referencia, en línea con el objetivo de «desregular mercados» y promover la libre competencia.
Desde entonces, el instituto funciona sin autoridad formal designada, su rol se ha visto drásticamente reducido, y el precio de la materia prima quedó librado al mercado, generando tensiones severas entre productores, que denuncian pagos por debajo del costo, e industriales, que piden eficiencia y adaptación al nuevo escenario.
Fuente: misionesopina.com.ar
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