El exsecretario de Comercio Interior recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. La única instancia de revisión pendiente es la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la condena a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años para el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por manipulación del Índice de Precios del Consumidor del INDEC entre 2006 y 2007, en un fallo por mayoría con disidencia del juez Alejandro Slokar.
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Moreno había sido condenado en agosto de 2024 a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por seis años en un juicio por los hechos ocurridos durante el gobierno de Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 2. Casación confirmó ahora esta decisión y la única instancia de revisión pendiente es la Corte Suprema de Justicia.
El fallo alcanza también a Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del INDEC, mientras que fueron absueltas María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia. De quedar firme la condena, Moreno no podría ejercer cargos públicos por ser hallado culpable de «abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización de registros públicos».
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Casación confirmó ahora ese veredicto con los votos de la jueza Angela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci, a pesar de que Moreno había pedido su absolución o la revisión de la pena, dado que la causa estaba prescripta y no se violó el secreto estadístico al pedir informes sobre los encuestados para establecer el índice de precios.
La fundamentación del fallo contra Guillermo Moreno
Ledesma sostuvo que el veredicto unánime del Tribunal Oral Federal 2 merituó con fundamento la prueba que fue «elocuente» a la hora de poner de relieve el «marcado interés» que tenía Moreno en el funcionamiento interno del INDEC, un organismo «que se encontraba fuera del ámbito de las Secretarías que él comandaba», destacó.
Los funcionarios del INDEC en esa época «se vieron obligados a adoptar múltiples medidas de resguardo de dicho secreto estadístico precisamente para contender los constantes embates que recibían por parte de Moreno a través de llamados, requerimientos e imposiciones».
En los fundamentos del veredicto, se ponderó que Moreno tenía una «necesidad particular, más allá del interés público, relacionada con conocer la identidad de los informantes que brindaban datos sobre los precios de venta de los productos relevados en los operativos de campo para la elaboración del IPC, como así también la especificación de las marcas«.
Moreno buscó «imponer cambios en el modo de llevar adelante la elaboración del índice» cuando era ajeno al organismo. La magistrada de la sala II del máximo tribunal penal federal del país remarcó que los entonces técnicos del INDEC tuvieron que «alejarse, mediante licencias». «En particular, se resaltó que las mujeres fueron quienes, con mayor frecuencia, sufrieron los desplantes y enojos del exsecretario«, remarcó la jueza.
“La falta de transparencia en los actos de los gobernantes y la ausencia de fundamentación de sus decisiones repercuten en la sociedad generando un velo de desconfianza generalizada que lesiona la legitimidad de las instituciones democráticas”, advirtió Yacobucci.
ML
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