Después de que Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, asistiera de manera virtual a una sesión de la Asamblea, el Legislativo aprobó una resolución que desconoce la suspensión de su cargo por parte del Gobierno de Daniel Noboa, además de condenar el actuar de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y llamarla para que comparezca ante el pleno.
Nuevo capítulo de la crisis al interior del Ejecutivo ecuatoriano.
Horas después de la aparición de la vicepresidenta del país, Verónica Abad, en el pleno parlamentario, la Asamblea Nacional ecuatoriana decidió rechazar la suspensión de funciones contra la vicepresidenta, impuesta por el Ministerio de Trabajo liderado por Núñez.
Con un voto de 86 legisladores a favor y 27 negativos – todos del oficialismo –, el Poder Legislativo ecuatoriano aprobó la moción presentada por Lucía Posso, del partido derechista Avanza, para desconocer la suspensión de funciones por 150 días sin goce de sueldo en contra de Abad. En sus redes sociales, la vicepresidenta celebró la decisión de la Asamblea.
«El Primer Poder del Estado, los representantes y la voz del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional se han pronunciado a favor de la democracia y el orden constitucional», escribió Abad en sus redes sociales.
Además de desconocer, rechazar y condenar el ordenamiento de la rama gubernamental liderada por Núñez, la moción aprobada por el Congreso también «alerta» a todos los organismos de control y regulación gubernamental para «que en el ámbito de sus competencias y actuando en estricto apego al derecho, revisen exhaustivamente el proceso administrativo llevado a cabo por el Ministerio del Trabajo contra la vicepresidenta de la República», dice la resolución.
El airado debate en la Asamblea
Este miércoles 13 de noviembre, Abad asistió de manera virtual a una sesión de la Asamblea Nacional, el Legislativo unicameral de la nación, que buscaba resolver una petición hecha por la funcionaria para que el pleno actuara frente a la orden de suspensión de sus funciones por parte del presidente Daniel Noboa.
El pasado 9 de noviembre, la Administración de Noboa suspendió por un término de 150 días -y sin remuneración- a la vicepresidenta, al alegar “abandono injustificado” de su cargo.
Arbitraria, inconstitucional e ilegal
Pero Abad rechaza las acusaciones y pidió al Legislativo de su país que revisara los hechos y tomara cartas en el asunto. Este miércoles en una entrevista, la vicepresidenta aseguró que planea retornar al país.
Además, de acuerdo con un comunicado escrito por la funcionaria, dirigido a la Asamblea ecuatoriana, la decisión del mandatario es “arbitraria, inconstitucional e ilegal”.
La suspendida número dos del Ejecutivo añade que el Gobierno se saltó el marco jurídico. La situación demuestra “una vez más que a este Gobierno y a las entidades que han figurado en este acto poco les importó lo que disponen la ley y el orden constitucionalmente establecido”.
Por otro lado, el martes 12 de noviembre, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció que le pediría a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de Núñez para la inhabilitación de la vicepresidenta.
En medio de las tensiones, el pasado 11 de noviembre el Gobierno de Noboa designó a Sariha Moya -quien se desempeñaba como secretaria nacional de Planificación-como la vicepresidenta encargada durante la inhabilitación de Abad.
En una intervención de la vicepresidenta Abad, difundida en redes sociales, la funcionaria sentenció: «pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentran ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno».
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El actual jefe de Estado ecuatoriano es uno de los 15 aspirantes al próximo periodo presidencial y, para la campaña que se avecina debe pedir licencia y delegar la Presidencia de manera temporal a Abad, con quien mantiene constantes enfrentamientos desde incluso antes de su mandato.
La sesión ante el pleno de este 13 noviembre marcó el rumbo de esta ruptura dentro del Ejecutivo ecuatoriano; síntoma de una enemistad que siempre ha estado presente durante de estos dos funcionarios.
Esta falta de homogeneidad en el poder ecuatoriano le agrega un dilema más al país que está sumido en una crisis energética y de seguridad.
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La crisis energética, presente desde el Gobierno anterior de Guillermo Lasso, se agudizó en la Administración de Noboa con cortes de hasta 14 horas diarias. Mientras que la crisis de inseguridad, también un problema heredado, tuvo como respuesta la militarización del país, pero no contuvo la violencia en cárceles, registrando una nueva masacre este 12 de noviembre, por ejemplo.
¿Cuál es la razón de la suspensión?
Según medios locales, Ruth Espinoza, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público del Ministerio del Trabajo ecuatoriano, “probó” que Abad incurrió en una falta grave establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público y, por ello la acusó de haber abandonado injustificadamente su puesto de trabajo por tres o más días laborales consecutivos.
El abandono hace referencia a que la vicepresidenta -quien también es la embajadora ecuatoriana en Israel- no se trasladó desde suelo israelí a Turquía, a donde según una disposición presidencial debía viajar para cumplir su única función de “embajadora de Ecuador por la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina”, tal y como reza el Decreto Ejecutivo 27, suscrito el 24 de noviembre de 2023.
Por su parte, Abad argumentó que no estaba “debidamente preparada” para el viaje a Turquía, y que su traslado allí no se debía a motivos de seguridad -como había señalado el Gobierno de Noboa- sino que buscaba silenciarla y forzar su renuncia.
Las acusaciones de Abad contra Noboa por presunta violencia política de género
El pasado viernes, 8 de noviembre, la vicepresidenta sustentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con ocho presuntas “agresiones” la denuncia por supuesta violencia política de género que interpuso contra el jefe de Estado, y otros miembros de su Gobierno.
Abad pidió al TCE que sancione a Noboa, a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, a la asesora presidencial Diana Jácome y al exviceministro de Gobierno Esteban Torres por la violencia política que denuncia.
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De acuerdo a la defensa de la vicepresidente, mediante su abogado, Damián Armijos, la diligencia busca la tutela de los derechos políticos de la vicepresidenta y embajadora, ya que, por medio de las presuntas agresiones, el presidente y los miembros de su gabinete han buscado “a toda costa” impedir su ejercicio de la función pública”.
Adicionalmente, Armijos señaló que han buscado amedrentar, intimidar y hostigar a Abad con la finalidad de “provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial, como manda la Constitución».
Con medios locales y EFE
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