
El conflicto entre los productores agropecuarios de Zárate y el gobierno municipal de Marcelo Matzkin sumó un nuevo capítulo que podría trasladar la disputa a los tribunales. Después de varios meses de reclamos sin obtener las respuestas esperadas, un grupo de ruralistas autoconvocados resolvió preparar una demanda judicial contra el Municipio por el cobro de alumbrado público en establecimientos que, según denuncian, no cuentan con luminarias, y por la modificación del sistema de tasas destinado al mantenimiento de los caminos rurales.
La decisión representa una escalada en la tensión entre el sector agropecuario y la administración local, que desde enero de 2025 aplica un esquema tributario cuestionado por los productores. El reclamo no solamente apunta a la legalidad de determinados cargos municipales, sino también a la falta de información pública sobre la recaudación y el destino de los recursos que deberían contribuir al mantenimiento de aproximadamente 400 kilómetros de caminos rurales del partido de Zárate.
Uno de los principales referentes del planteo es el productor Ricardo Runza, quien explicó que los autoconvocados agotaron distintas instancias de diálogo con el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante antes de decidir avanzar hacia una presentación judicial.
Cobran alumbrado público en campos donde denuncian que no existen luminarias
Uno de los puntos más controvertidos es el cargo por alumbrado público que aparece en las facturas eléctricas de establecimientos rurales que, de acuerdo con los productores, no reciben ese servicio.
Según detalló Runza, los campos que cuentan con medidores de la Cooperativa Eléctrica de Zárate deben afrontar un recargo equivalente al 13% del consumo eléctrico en concepto de alumbrado público, incluso cuando los caminos de acceso carecen de postes de iluminación.
Los ruralistas consideran que esta situación debe ser revisada porque, a su entender, se está cobrando una tasa sin que exista una prestación efectiva del servicio en los establecimientos alcanzados.
Por ese motivo, pretenden solicitar judicialmente que se elimine el cargo para quienes no cuentan con alumbrado y que se analice la devolución de los importes abonados.
La controversia abre además una discusión sobre la relación entre las tasas municipales y los servicios que deben financiar, una cuestión que los productores consideran fundamental para establecer si el esquema vigente resulta jurídicamente válido.
El conflicto por los 400 kilómetros de caminos rurales de Zárate
El segundo eje del enfrentamiento con la gestión de Matzkin está relacionado con la eliminación de la tasa vial específica que, hasta diciembre de 2024, estaba destinada al mantenimiento de los caminos rurales.
A partir del 1° de enero de 2025, ese tributo fue reemplazado por una tasa general que comprende tanto a contribuyentes urbanos como rurales. Según los productores, la modificación eliminó una fuente de financiamiento claramente identificable para el consorcio caminero, encargado de intervenir en el mantenimiento de la infraestructura vial rural.
La situación genera preocupación entre quienes desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, debido a la importancia que tienen los caminos para trasladar la producción, movilizar maquinaria y garantizar el acceso a los establecimientos.
El consorcio caminero está integrado por representantes del área municipal de Obras y Servicios Públicos, dos concejales y la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.
Frente al cambio tributario, la entidad ruralista impulsó una propuesta para que el 70% de lo recaudado mediante las partidas rurales se destinara al mantenimiento de los caminos, pero el planteo no consiguió traducirse en una modificación de la normativa vigente.
Los productores sostienen que, sin recursos específicos y mecanismos transparentes de control, resulta difícil establecer cuánto dinero se recauda efectivamente y qué proporción se utiliza para mejorar la red vial.
Runza también advirtió que algunos vecinos deben recurrir a sus propios tractores y herramientas para acondicionar los accesos a los campos, una situación que refleja las dificultades que denuncian en materia de mantenimiento.
Reclaman transparencia en la recaudación y cuestionan la falta de respuestas
Más allá del monto de las tasas, los autoconvocados reclaman conocer con precisión cuánto recauda el Municipio por cada circunscripción catastral y cuáles son los criterios utilizados para determinar los recursos que corresponden al consorcio caminero.
También solicitan información sobre la clasificación tributaria de los inmuebles rurales y sobre los fondos que efectivamente se destinan a la conservación de los caminos.
El planteo llegó formalmente al Concejo Deliberante mediante una presentación respaldada por 76 firmas de productores, acompañada por dos proyectos de ordenanza.
Una de las iniciativas proponía establecer la publicación mensual de la recaudación, mientras que la otra buscaba modificar el esquema de cobro de las tasas cuestionadas.
Sin embargo, según denunció Runza, ambos expedientes permanecen sin avances en las comisiones legislativas desde mayo.
El productor aseguró que representantes del peronismo y de La Libertad Avanza habían manifestado acompañamiento a las propuestas, aunque esa posición no se tradujo en su tratamiento.
La falta de definiciones políticas terminó de impulsar la decisión de recurrir a la Justicia, luego de varios meses de gestiones ante las autoridades municipales.
Esperan el presupuesto 2027 antes de presentar la demanda contra el Municipio
Aunque la decisión de iniciar acciones judiciales ya fue adoptada, los productores todavía deben definir el momento de la presentación.
El grupo espera conocer el proyecto de presupuesto municipal para 2027 y la correspondiente normativa fiscal, luego de que, según Runza, el Departamento Ejecutivo solicitara una prórroga para remitir la documentación.
La intención es analizar si el gobierno de Marcelo Matzkin mantiene el esquema tributario cuestionado o introduce modificaciones que puedan incidir en el futuro reclamo judicial.
Los autoconvocados también invitaron a la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate a participar de una eventual demanda colectiva, con el objetivo de ampliar la representación de los productores afectados.
Por el momento, no se informó una fecha definitiva para la presentación ante los tribunales ni se conoce una resolución judicial sobre la legalidad de los tributos cuestionados.
El conflicto incorpora así un nuevo frente de discusión para la administración de Matzkin, en un contexto en el que la política tributaria municipal, la transparencia de los recursos públicos y el mantenimiento de la infraestructura rural se encuentran bajo cuestionamiento.
Mientras aguardan las definiciones presupuestarias para el próximo año, los productores insisten en que el reclamo excede una discusión impositiva: buscan establecer reglas claras sobre cuánto se cobra, por qué conceptos y qué servicios reciben a cambio.
La eventual demanda judicial podría abrir un debate de mayor alcance sobre el financiamiento de los caminos rurales y los mecanismos de control de las tasas municipales en Zárate, aunque su resultado dependerá de los argumentos que finalmente se presenten y de las decisiones que adopte la Justicia.


