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Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) puso en discusión la magnitud de la reducción de la pobreza que destaca el gobierno de Javier Milei y advirtió que los cambios en la captación de ingresos de los hogares y la utilización de una Canasta Básica Total (CBT) desactualizada pueden generar una imagen más favorable de la evolución de las condiciones de vida de la población.

El estudio, elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, presenta dos escenarios alternativos para medir la pobreza en Argentina. En el más exigente, el indicador alcanza el 42,4% en el segundo trimestre de 2026, un porcentaje considerablemente superior al que surge del procedimiento oficial utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La diferencia adquiere especial relevancia frente al discurso del Presidente, quien sostiene que millones de argentinos lograron salir de la pobreza desde el inicio de su gestión y presenta la evolución de los indicadores sociales como uno de los principales resultados de su programa económico.

Sin embargo, los investigadores de la UCA advierten que una parte de la caída registrada en las estadísticas puede estar vinculada con modificaciones en la forma de relevar los ingresos y no necesariamente con una mejora equivalente del poder adquisitivo.

Para comprender la magnitud de la diferencia, es necesario distinguir los períodos analizados. El dato oficial de pobreza del primer semestre de 2026 fue del 32,3%, mientras que el ejercicio trimestral utilizado por los investigadores de la UCA, construido con el procedimiento oficial, arroja 34,4% para el segundo trimestre de 2026. Al incorporar las correcciones metodológicas, las estimaciones alternativas ascienden al 37,5% y al 42,4%, respectivamente.

De esta manera, el trabajo no plantea simplemente una diferencia entre dos porcentajes, sino que cuestiona hasta qué punto las estadísticas actuales permiten comparar correctamente la situación social con la que existía antes de 2024.

Uno de los principales problemas identificados por los especialistas está relacionado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el relevamiento que utiliza el INDEC para conocer, entre otras variables, los ingresos de las familias y determinar cuántas personas se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia.

Según el informe, desde fines de 2023 y especialmente durante 2024 y 2025 se produjo una mejora excepcional en la captación de ingresos declarados por los hogares, que no encuentra una correspondencia equivalente en otros indicadores económicos y laborales.

Los investigadores advierten que “durante 2024 y 2025 se observa una mejora excepcional de la captación de ingresos, lo que puede explicar parte de la caída de las tasas oficiales de pobreza e indigencia y afectar su comparabilidad con períodos anteriores”.

Esto significa que la encuesta comenzó a registrar con mayor precisión recursos que anteriormente podían quedar subdeclarados o directamente no aparecer en las respuestas de los hogares. Entre ellos se encuentran ingresos provenientes de transferencias sociales, asignaciones, pensiones, becas y otras fuentes no salariales.

La inclusión de esos recursos resulta necesaria para conocer los ingresos efectivos de las familias. El problema señalado por la UCA no es que deban excluirse de la medición, sino que una mejora en su registro puede hacer que los ingresos relevados aumenten estadísticamente sin que las personas hayan experimentado una mejora real de la misma magnitud.

Cuando se comparan períodos construidos con distintos niveles de captación, una parte de la reducción de la pobreza puede responder a ese cambio y no exclusivamente a una recuperación de los ingresos.

Para evaluar el efecto, los investigadores reconstruyeron una serie más homogénea y utilizaron información complementaria de registros laborales, previsionales y estadísticas salariales.

El segundo cuestionamiento está relacionado con la Canasta Básica Total, que establece el ingreso mínimo necesario para que un hogar pueda cubrir un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias.

Actualmente, la metodología oficial utiliza una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, aunque los valores monetarios de la canasta se actualizan periódicamente según la evolución de los precios.

Para los especialistas, esa estructura de gastos perdió representatividad frente a las transformaciones económicas de las últimas dos décadas y, especialmente, ante el aumento del peso de los servicios públicos, el transporte y otros gastos esenciales dentro del presupuesto familiar.

La discusión resulta particularmente importante desde diciembre de 2023, cuando la modificación de subsidios y los aumentos de tarifas alteraron la relación entre los precios de los alimentos y los servicios.

En términos concretos, una familia puede registrar ingresos suficientes para superar la línea oficial de pobreza y, al mismo tiempo, enfrentar mayores dificultades para pagar electricidad, gas, transporte, comunicaciones y otros gastos indispensables.

La UCA sostiene que el esquema vigente puede no reflejar adecuadamente esas modificaciones en los hábitos de consumo y en la distribución de los gastos familiares.

Por ese motivo, Salvia y Giannecchini realizaron ejercicios alternativos utilizando como referencia la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/2018, con dos criterios diferentes para estimar los consumos no alimentarios.

Los resultados muestran diferencias importantes respecto del valor de la canasta oficial.

Para una familia tipo de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires, en septiembre de 2026, la Canasta Básica Total oficial se ubicaba en $1.632.505. Con la primera alternativa elaborada por la UCA, denominada V1, ese valor ascendía a $1.911.876, mientras que con la segunda, V2, alcanzaba $2.073.930.

Esto representa una diferencia aproximada del 17% y del 27%, respectivamente, frente al cálculo oficial correspondiente al mismo mes.

La primera alternativa utiliza un criterio más austero para determinar los gastos no alimentarios, mientras que la segunda incorpora una estructura de consumo más exigente, basada en patrones de gasto actualizados.

Al combinar estas modificaciones con los ajustes en la captación de ingresos, el panorama sobre la evolución de la pobreza desde 2023 cambia sustancialmente.

De acuerdo con el ejercicio construido con el procedimiento oficial, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en el mismo período de 2026, lo que representa una reducción de 6,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, en el escenario alternativo V1 la pobreza apenas descendió del 37,7% al 37,5%, una diferencia de solamente 0,2 puntos porcentuales durante esos tres años.

El resultado es todavía más significativo en la segunda alternativa. Con la metodología V2, la pobreza aumentó del 40,8% en el segundo trimestre de 2023 al 42,4% en igual período de 2026, es decir, un incremento de 1,6 puntos porcentuales.

En consecuencia, mientras la medición construida con el procedimiento oficial muestra una reducción importante respecto de 2023, los ejercicios de la UCA indican que la mejora prácticamente desaparece en el escenario moderado y se transforma en un aumento de la pobreza en el más exigente.

El informe también permite analizar lo ocurrido desde el momento más crítico de 2024, cuando la pobreza se incrementó fuertemente después de la devaluación y del ajuste económico implementados al comienzo de la administración de Milei.

En este punto, los investigadores reconocen que existió una recuperación respecto de aquel máximo. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la reducción fue de 16,6 puntos porcentuales con el procedimiento oficial, mientras que las alternativas de la UCA muestran descensos de 10 puntos en V1 y 8,6 puntos en V2.

Por lo tanto, el trabajo no desconoce que la pobreza retrocedió desde el pico de 2024, sino que cuestiona la magnitud de esa recuperación y su comparación con la situación previa al actual Gobierno.

Otro dato relevante es que las tres mediciones registran un deterioro reciente. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumentó del 31,8% al 34,4% con el procedimiento oficial, del 35,3% al 37,5% en V1 y del 39,5% al 42,4% en V2.

La evolución de la indigencia también presenta diferencias. Según el análisis, la medición oficial trimestral pasó del 6,1% al 8% entre esos períodos, mientras que la serie con captación de ingresos homogeneizada registró un aumento del 6,1% al 7,1%.

Estos resultados se producen en un escenario económico atravesado por las dificultades del mercado laboral, la pérdida de empleos registrados en distintos sectores, el cierre de establecimientos productivos y comerciales y las restricciones que enfrentan numerosas familias para sostener sus niveles de consumo.

Aunque estos factores no permiten determinar por sí solos la evolución de la pobreza, forman parte del contexto que los investigadores consideran necesario incorporar al analizar las condiciones de vida de la población.

La discusión también alcanza a las afirmaciones del presidente Javier Milei sobre la cantidad de argentinos que habrían dejado de ser pobres durante su gestión. El mandatario suele tomar como referencia los elevados niveles registrados durante 2024 para destacar la recuperación posterior.

Sin embargo, comparar los indicadores actuales exclusivamente con el máximo alcanzado durante el primer año de gobierno puede ofrecer una imagen diferente de la que surge al contrastarlos con los niveles previos a diciembre de 2023.

Por esa razón, los investigadores consideran indispensable utilizar series estadísticas comparables y actualizar los instrumentos de medición para evaluar con mayor precisión los cambios sociales.

Agustín Salvia resumió el alcance de los resultados al señalar que “hay menos pobreza que durante la crisis de fines de 2023 y principios de 2024, pero en realidad hay igual o más pobreza que en 2022 y 2023”.

De todos modos, el Observatorio de la Deuda Social Argentina aclaró que sus estimaciones alternativas no buscan reemplazar las estadísticas oficiales ni establecer una única cifra verdadera de pobreza. El objetivo es mostrar cómo cambian los resultados cuando se modifican determinados criterios metodológicos y advertir sobre los límites de las comparaciones históricas.

Los especialistas también reconocen que las correcciones propuestas dependen de supuestos y de la información estadística disponible, por lo que deben interpretarse como ejercicios de sensibilidad y no como una medición oficial alternativa definitiva.

En sus conclusiones, el estudio plantea la necesidad de actualizar la estructura de las canastas, mejorar la transparencia de los procedimientos de captación de ingresos y complementar las mediciones monetarias con otros indicadores que permitan conocer las privaciones que enfrentan los hogares.

La publicación del informe reabre así el debate sobre cuántos argentinos viven realmente bajo la línea de pobreza, cuánto mejoraron sus condiciones de vida desde 2023 y hasta qué punto las estadísticas reflejan el impacto de los gastos cotidianos sobre el presupuesto familiar.

Mientras el Gobierno nacional destaca la desaceleración de la inflación y la reducción de la pobreza desde los máximos de 2024, la UCA advierte que la recuperación social resulta considerablemente menor cuando se utilizan parámetros de consumo más actualizados y se corrigen las diferencias en el registro de ingresos.

El contraste deja planteada una cuestión central para la política económica y social argentina: la necesidad de contar con indicadores actualizados, transparentes y comparables que permitan determinar si la reducción estadística de la pobreza se traduce efectivamente en una mejora sostenida de las condiciones de vida de la población.

INFORME COMPLETO DE LA UCA

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